Economía

Tras el anuncio de la Unión Europea (UE) en donde incluyen a Costa Rica en su lista de países no cooperantes en materia fiscal; la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham) respalda la posición de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), además considera necesario aclarar que el país no debe pasar de un sistema territorial a uno netamente mundial que grave todos los tipos de ingresos empresariales de origen extranjero, tanto activos como pasivos.

Sobre este particular, la UE ha determinado que se debe adoptar un sistema de renta territorial “ampliada” o “reforzada”, bajo el cual los países tienen dos opciones básicas: introducir un gravamen sobre las rentas empresariales pasivas del exterior; o bien, mantener la exoneración de las rentas empresariales pasivas del exterior, implementando una serie de requisitos de sustancia adecuados, entre otros. Esto es distinto a un sistema de “renta mundial”, en el cual se gravarían todas las rentas (tanto activas como pasivas) con base en un criterio de residencia fiscal y/o nacionalidad.

Actualmente el sistema de renta territorial es un modelo apropiado para economías emergentes que son importadoras netas de capital y requieren incentivar la inversión local y extranjera, como el caso de Costa Rica.

“Es incorrecto decir que la UE está exigiendo que Costa Rica adopte un sistema tributario de “Renta Mundial”. El país puede cumplir con los estándares que está requiriendo la UE, sin necesidad de eliminar nuestro modelo de territorialidad ni creando impuestos a todas las rentas pasivas exteriores, que lejos de incrementar la recaudación, tendría un impacto negativo sobre la inversión internacional y doméstica. Además, la OCDE dejó claro que el país no debe pasar de un sistema territorial en el Impuesto sobre la Renta a uno netamente mundial.”, mencionó Silvia Castro, presidente de AmCham.

No se trata de proceder con una reforma integral del sistema territorial, ni tampoco de simplemente proceder con la inclusión de un impuesto a todas las rentas pasivas del exterior. Es importante recordar que Costa Rica tiene una de las cargas tributarias empresariales más altas, con un 58,3%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Además, dentro de la OCDE, Costa Rica es el séptimo país con la tasa efectiva de impuesto sobre la renta más alta.

“AmCham se opone a la creación de más y nuevos impuestos, desde la Cámara trabajamos por incentivar la inversión extranjera directa y fomentar la reactivación económica. Cualquier reforma tributaria que proponga el Gobierno para cumplir con las exigencias solicitadas, debe analizarse por los diferentes sectores correspondientes”, destacó Castro.

AmCham se une al llamado del sector empresarial y reafirma su compromiso para colaborar en una solución pronta y adecuada, que excluya al país de dicha lista. Es indispensable defender la soberanía del país y su sistema tributario. Para la Cámara es necesario que se contemple el criterio de los diferentes sectores y que se reactiven las mesas de diálogo. Asimismo, se hace un llamado a priorizar aquellas políticas que coadyuven a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar el clima de inversión en el país.

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Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identifica los sectores con mayor
potencial para generar empleo y crecimiento en los países de Centroamérica, México, Panamá y
República Dominicana.
El aumento en la producción de los sectores de agroindustria, construcción y turismo presenta
importantes oportunidades para reactivar la economía durante el 2023 gracias a la significativa cantidad
de insumos que demandan del resto de sectores y al peso que representan en estos países, con un
promedio de 22% de la producción de la región, según el estudio.
El más reciente informe económico anual del BID para la región -Oportunidades para impulsar la
producción, el empleo y las cadenas de valor- analiza la estructura productiva de estos países con el fin
de identificar estrategias de reactivación económica, creación de empleo y diversificación de
exportaciones. El estudio también destaca sectores que, al aumentar su producción, tienen un
importante impacto en la generación de empleo y los salarios, entre los cuales están el agropecuario,
silvicultura y pesca, turismo, comercio y educación.
Asimismo, los servicios financieros, profesionales y el comercio habilitan las redes productivas, ya que
hacen uso, en mayor medida, del resto de los sectores. En este sentido, según el informe, sería positivo
promover un sistema financiero eficiente, y servicios profesionales complementarios para los negocios
de alta calidad y con habilidades técnicas y de ciencia (STEM).

El BID también propone oportunidades para diversificar las exportaciones y productos, lo cual es
especialmente relevante para atenuar la volatilidad de la demanda internacional. Entre estas, destacan
las exportaciones de bienes agropecuarios, y productos como textiles más complejos, maquinaria,
equipo electrónico, y medicamentos, que permitirían a los países integrarse mejor con cadenas de
exportación locales y globales. Otra de las recomendaciones, es invertir en educación, ya que la
evidencia muestra que fomenta la participación de las empresas locales en las cadenas globales de
exportación.
Contexto macroeconómico de la región
El informe también detalla el contexto macroeconómico de la región en el 2022, año en el que el PIB
creció en promedio 5,7% y se mostró resiliente gracias a la recuperación en el turismo, las remesas, y
exportaciones menos volátiles en productos agropecuarios.
El empleo formal se recuperó para octubre de 2022, alcanzando un 5% superior a su nivel prepandemia.
Se espera que la inflación se reduzca en 2023, aunque se sitúe en la parte alta del rango meta.
No obstante, para 2023 se prevé un entorno de menor crecimiento, mayores tasas de interés y precios,
especialmente de los alimentos, lo cual supone un desafío para la región en materia de pobreza y
seguridad alimentaria. La respuesta de los países es esencial para coordinar las medidas ante esos
desafíos, fomentar una reactivación económica y recuperar los avances en desarrollo.
El caso de Costa Rica

Por su demanda de bienes y servicios de otros sectores, el crecimiento en la agroindustria en Costa Rica
impulsa 30% más al resto de la economía que el promedio de los sectores; y turismo 20% más. Los
productos minerales no metálicos como muebles de baño, ladrillos, azulejos, vidrio, cemento, concreto,
y similares; y la madera y sus productos, tienen un efecto 10% por arriba del promedio.
Por su proximidad con Estados Unidos y su estructura productiva, Costa Rica podría diversificar sus
exportaciones hacia la industria de autopartes, maquinarias diversas, equipo médico y aparatos
eléctricos, productos farmacéuticos y sus ingredientes activos, y medicamentos empaquetados, entre
otros.

Oportunidades de diversificación de bienes para exportación

El estudio Oportunidades para impulsar la producción, el empleo y las cadenas de valor puede
descargarse aquí: Oportunidades para impulsar la producción, el empleo y las cadenas de valor

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La compañía busca profesionales en finanzas, recursos humanos, TI, soporte técnico, mercadeo, operaciones y otras funciones.

Llegada al país supone un paso muy importante en la operación global de la empresa, integrando el “pura vida” a su exitoso modelo de negocio.

Databricks, la compañía del Lakehouse, anunció hoy la expansión de sus operaciones globales, seleccionando a Costa Rica como el lugar para crecer y estará buscando activamente talento para cubrir al menos 50 posiciones durante este año.

Siendo Costa Rica uno de los lugares de mayo crecimiento en América Latina, Databricks ve una gran oportunidad para impulsar su presencia en el país. La empresa planea contratar talento costarricese para apoyar a varios equipos, incluidos finanzas, recursos Humanos, TI, soporte técnico, mercadeo, operaciones y muchas otras funciones que vendrán en el futuro.

Databricks es una empresa pionera en su sector al unir los datos con la inteligencia artificial, brindando la confiabilidad, gobernanza y el rendimiento de un ‘data warehouse’ a los ‘data lakes’ (donde ya la mayoría de las organizaciones almacenan sus datos). Los clientes de Databricks están creando sus plataformas Lakehouse en AWS, Microsoft Azure y Google Cloud para dar soporte a todos los casos de uso de datos y analítica -desde el almacenamiento de datos y la inteligencia empresarial (BI), hasta la analítica de streaming, la ingeniería de datos y las cargas de trabajo de IA/ML – en un solo lugar.

Rory Patterson, Jefe de Personal del CEO y Vicepresidente de Operaciones Corporativas de Databricks, afirmó: “Databricks ha sido pionera y está definiendo la categoría de ‘el Lakehouse de Datos’. Costa Rica es una ubicación ideal para Databricks ya que ofrece una sólida fuente de talento tecnológico calificado, un entorno acogedor y favorable para los negocios, y una ubicación y zona horaria conveniente para apoyar a nuestros clientes y socios. Como resultado, planeamos invertir y expandir nuestras operaciones aquí y esperamos dar la bienvenida a nuevos ‘Bricksters’ a nuestro equipo”.

Para la Cámara Costarricense de la Construcción, la Reforma al Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), presentado hoy por el Poder Ejecutivo, representa un avance muy importante, al estar
enfocada en la mejora regulatoria y simplificación de trámites, ya que estandariza el proceso, elimina requisitos
no esenciales, simplifica el uso de formularios y establece plazos de resolución más cortos para la
Administración, entre otros.
La CCC es consciente de que la evaluación de impacto ambiental es una técnica preventiva eficaz que permite a
los entes públicos -encargados de aprobar las Actividades, Obras o Proyectos (AOP) necesarias para el
desarrollo del país- valorar que éstas se construyan y operen con el menor impacto ambiental posible,
manteniendo un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas y la preservación de la naturaleza.
“Desde hace más de una década, la CCC ha venido insistiendo en la necesidad de reformar la normativa de la
SETENA (que deben aplicar los usuarios y los propios funcionarios de la institución) para asegurar la seguridad
jurídica y el desarrollo sostenible del país, es decir, que los instrumentos de evaluación tengan en consideración
los diferentes ejes de la sostenibilidad: el ambiental, el económico y el social”, manifestó Carlos Trejos,
presidente de la CCC

Algunos de los aspectos positivos a destacar:
 Se integra en un solo reglamento la normativa que regula la EIA. Además; se actualizó la lista de
actividades, obras y proyectos que la requieren.
 No se crean nuevos requisitos y se establecieron, más claramente, cuáles son que los deben cumplirse para
cada uno de los instrumentos de evaluación ambiental.
 Se eliminaron estudios y requisitos que no competen a un proceso de EIA, y que son solicitados por otras
instituciones.
 Se eliminaron los Registros D2 a proyectos de bajo impacto ambiental que solo generaban costos
económicos a los usuarios y a la institución.
 Se redujeron los requisitos para los proyectos D1.
 En el caso de torres se generaron requisitos específicos para la actividad.
 No aumentan los costos de los procesos de EIA.
 Mayor importancia al seguimiento ambiental y más responsabilidad a los que llevan a cabo los procesos de
EIA.
 Dado que el instrumento de evaluación ambiental define el resultado de la Significancia Impacto Ambiental
(SIA), hay mayor seguridad jurídica y se limita la subjetividad.
 La EIA se enfoca más en las condiciones de fragilidad ambiental que en las magnitudes de los proyectos.
 Se racionalizó, según la escala de proyecto, la rendición de las garantías ambientales.
 Se incluyen guías para los usuarios y para los funcionarios revisores.

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• Compañía es pionera en el desarrollo de la litotricia intravascular (IVL) para tratar enfermedades cardiovasculares severas ocasionadas por la calcificación.
• Para aplicar a los puestos se debe ingresar a la Bolsa de Empleo de Coyol Free Zone al link https://bit.ly/3H81PXn.
• Interesados deben tener disponibilidad para viajar a Estados Unidos y permanecer en ese país hasta por 3 meses.

Febrero. La empresa Shockwave Medical, desarrolladora de soluciones para enfermedades cardiovasculares, se prepara para iniciar sus operaciones en Coyol Free Zone en Alajuela y de esta forma ampliar la capacidad de manufactura actual que tiene en sus operaciones en Santa Clara, California.

Con su apertura en suelo costarricense, Shockwave Medical busca ampliar su producción, para mejorar los resultados clínicos de pacientes alrededor del mundo, a través de su tecnología  transformadora de IVL para tratar enfermedades cardiovasculares severas ocasionadas por la calcificación.

La nueva planta de manufactura tendrá una dimensión de 3.500 m²  y albergará un cuarto limpio de 1.000 m² con certificación ISO, con el propósito de respaldar la creciente cartera de productos de Shockwave, al contar con una capacidad adicional, redundancia de manufactura y mitigación de riesgos potenciales en la cadena de suministro.

Shockwave Medical caracterizada por ofrecer soluciones innovadoras en el sector de Instrumentos Médicos, la cual decide abrir operaciones en Costa Rica, tomando en cuenta varios factores: alta educación de la fuerza laboral, conocimiento y experiencia en la industria médica (especialmente la fabricación de catéteres), por su estabilidad política y social, y por su compromiso con la naturaleza. La empresa también ofrece un ambiente de trabajo gratificante, de crecimiento profesional y de trabajo en equipo. Esperamos contar con el mejor personal para que Costa Rica siga demostrando la alta calidad de su gente. ”, explicó Enrique Saborío, Director General y Vicepresidente de Operaciones en Costa Rica.

Talento Humano Comprometido y Capaz

Los operarios de manufactura requeridos por la compañía serán responsables del ensamblaje, las pruebas y la inspección del producto, de acuerdo con las especificaciones del proceso de fabricación de la empresa.

Dentro del perfil, también, se busca a personas capaces de cumplir con los procedimientos en cuartos de ambiente controlado, capacidad para ensamblar y probar dispositivos médicos, incluidas tareas como soldadura, pegado y ensamblaje bajo el microscopio; además de trabajar bajo los parámetros de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y Buenas Prácticas de Documentación (GDP).

Las personas que sean contratadas deben tener disponibilidad para viajar a los Estados Unidos y permanecer por un periodo aproximado de hasta 3 meses en ese país, para la realización de la transferencia de la operación a Costa Rica.

“El creciente ecosistema de empresas que forman parte de Coyol Free Zone ve en Costa Rica un mercado con talento humano, competente, altamente capacitado y atractivo para fortalecer su personal. La operación de Shockwave Medical en suelo nacional, no es la excepción, ya que buscan colaboradores que aporten su conocimiento en la innovación del mercado cardiovascular que les permita ampliar así el alcance de su operación mundial”, afirmó el Director General de Coyol Free Zone, Carlos Wong.

Los interesados en vincularse con esta compañía deben enviar su currículum a la Bolsa de Empleo de Coyol Free Zone en el siguiente enlace: https://bit.ly/3H81PXn. Quienes ya cuenten con un perfil pueden actualizarlo y postular.

Sobre Coyol Free Zone

Coyol Free Zone es el parque líder en exportaciones de Dispositivos Médicos en Costa Rica por encima de los US$2,000 millones al año, lo que equivale al 30% de exportaciones del segmento de Manufactura del Régimen de Zonas Francas del país.

Integra desde hace tres años el Top 10 de Zonas Francas del Mundo y fue designada como la Mejor Zona Franca de América, Zona Franca #9 del Top 10 mundial y Mención Honorífica por Prácticas Ambientales, Infraestructura y Logística, por fDi Intelligence en 2022.

Además, es la Mejor Zona Franca de Latinoamérica y el Caribe, la Zona Franca más Innovadora del Año y el Mejor Centro de Negocios para Ciencias de la Vida y Manufactura Avanzada, según la revista The European.

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La Administración Tributaria amplió las actividades económicas que pueden ingresar en el Régimen
Simplificado, además de que aumentó el monto de compras anuales para pertenecer en él, explicó Alberto
Porras, socio director de la firma Baker Tilly Costa Rica.
07 de febrero, 2023. A partir del 1 de marzo del 2023 entrarán a regir las nuevas reformas al Régimen de
Tributación Simplificada del Impuesto sobre la Renta. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda mediante publicación
en el diario oficial La Gaceta N°19 del pasado 2 de febrero.
Alberto Porras, socio director de la firma Baker Tilly Costa Rica, explicó que estas reformas se dan mediante él
decreto ejecutivo No. 43881-H. En él, añade el especialista, se regulan los requisitos para el ingreso de los
contribuyentes al Régimen de Tributación Simplificada. Además, específica el cálculo del impuesto a pagar y las
fechas de presentación de las declaraciones.

El socio director de Baker Tilly Costa Rica, comentó que entre los principales cambios que presenta este Régimen
están los requisitos que deben cumplir los contribuyentes. El primer cambio es en el monto máximo de compras
anuales de los contribuyentes para mantenerse en este Régimen. Este pasó de 150 salarios base (¢69.330.000) a 186
salarios base, incluyendo el IVA.
“Esto quiere decir que las personas o contribuyentes que estaban muy cerca de montos de 69 millones en compras
anuales, aproximadamente, al aumentarse este tramo, pueden superar ese monto y mantenerse en el Régimen de
Tributación Simplificado sin problema”, mencionó Porras.

Otra reforma importante, agregó, es que el Ministerio de Hacienda amplío las actividades que pueden pertenecer a
este tipo de Régimen. Ello significa que muchos contribuyentes que actualmente están en el Régimen a las
Utilidades o, como se conoce popularmente, Régimen Tradicional, pueden emigrar y trasladarse al Régimen
Simplificado, “esto siempre y cuando cumplan con las características de este tipo de Régimen. Dentro de ello están
criterios como cantidad de empleados, máximo de activos, máximo de compras, entre otros”, afirmó el especialista
de Baker Tilly Costa Rica.
Entre las nuevas actividades incluidas en el Régimen de Tributación Simplificada están:
d) Elaboración y venta de todo tipo de repostería y pastelería;
g) Viveros de planta ornamentales, suculentas, plantas de jardín y elaboración de terrarios, excepto la
producción de almácigos;
k) Elaboración de todo tipo de bisutería; así como su reparación;
l) Elaboración de artesanía y obras de artes, así como su restauración;
n) Confección de productos textiles para personas, así como su reparación;
o) Confección de productos textiles y accesorios, para mascotas, así como su reparación;
r) Servicios de serigrafía;
s) Servicios de sublimación.
También, se elimina el tope del valor máximo individual de venta, de cualquier unidad de bebida alcohólica, que
supere el 1% del salario base.

De igual forma, con estas reformas, se permite la inclusión al Régimen Simplificado a las actividades que tengan
origen en la explotación de una franquicia, marca, nombre comercial.

“Es importante recordar que el contribuyente del Régimen de Tributación Simplificado no está obligado a emitir
factura electrónica; sin embargo, podrá optar, de manera voluntaria y exclusiva, por la emisión de comprobantes
electrónicos, utilizando para ello la figura de emisor receptor no confirmante”, afirmó Porras.

Estas reformas en el Régimen rigen a partir del 1 de marzo del 2023.
Para conocer la lista completa de actividades económicas, como los requisitos y montos máximos, los interesados
pueden encontrarla en el decreto ejecutivo Régimen de Tributación Simplificada No. 43881-H en el link:
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/02/COMP_02_02_2023.pdf.
“Lo que está haciendo la Administración Tributaria es ampliar un poco más los requisitos de este Régimen para que
sean más los contribuyentes que puedan ingresar en él”, concluyó el socio director de la firma Baker Tilly Costa Rica.

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En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este 2 de
febrero, y ante consulta de la prensa, el presidente hizo aseveraciones que se alejan de la verdad.
1. Aseguró que en 2021 y 2022 el origen del arroz importado mayormente era de Estados Unidos, lo
cuál, no es cierto, ya que, la mayoría se trajo de Suramérica y contrario a lo dicho por él
mandatario, el precio de ese arroz importado que ingresó en esos años se redujo en un 3%,
diferencia que no se le trasladó al consumidor.
2. Tampoco es verdad que gracias al gobierno de turno se permiten ofertas, ya que desde abril del
2020 se realizan tales prácticas por los comercios.
3. El presidente repite un cuento que le contaron, el cual es numéricamente ilógico: que cinco
industrias se dejaran US$150 millones en un mercado de US$ 296.8 millones.
4. Aseguró que, si alguien se está “puñaleando márgenes” por falta de competencia, tendrá que
intervenir con regulación, y fue precisamente la regulación lo que derogó en agosto, eso hubiera
ha sido previsto si hubieran realizado estudios técnicos, antes de los improvisados decretos.
Ofertas se permiten desde abril de 2020, no con este gobierno
En abril de 2020, mediante decreto N° 42324-MEIC el gobierno anterior permitió el bandeo, sorteos,
promociones, ofertas y otras similares, acompañados con el arroz.
“No han sido las actuales acciones del gobierno de turno las que han permitido la implementación de esas
prácticas comerciales, como lo quieren hacer creer”, dijo Fernando Araya, director ejecutivo de CONARROZ.

Arroz de Suramérica importado en 2022 fue más barato que en 2021
El mandatario afirmó que de noviembre de 2021 a noviembre de 2022 el precio promedio internacional de
Estados Unidos, de donde, según él, “más se importaba arroz aquí”, había pasado de US$350 A US$450,
asegurando que corresponde a un 33% de incremento, y que gracias a sus políticas de la Ruta del Arroz
dicho aumento no se reflejó en el precio al consumidor y que, si la regulación hubiera continuado, el
consumidor habría tenido que pagar más por el arroz.
Pero no dijo que el precio CIF real al que se dieron esas importaciones, según TICA del Ministerio de
Hacienda, resultó en promedio un 3% más bajo en 2022, que en 2021.
Si bien se puede ver que el precio importado de USA aumentó un 11%, la cantidad importada de este
origen no es significativa. Por su parte en el Cono Sur (Brasil y Uruguay) de donde más se trajo arroz en
2022, el precio disminuyó un 8% en promedio, sin que esas reducciones llegaran al consumidor, como bien
lo demuestra el INEC con sus informes mensuales.
Consideremos también el efecto que ha tenido la abrupta caída del dólar en el segundo semestre del 2022
y en lo que va de este 2023.

Se lo advertimos muchas veces al gobierno
El señor presidente manifestó también, “si los márgenes producto de la caída del tipo de cambio, y de la
caída del arancel se los está puñaleando alguien por falta de competencia, consideraremos todas las
opciones, incluso regular los márgenes”.
“CONARROZ le advirtió al gobierno que en un mercado oligopsónico y oligopólico como el arrocero, no se
pueden dejar los márgenes a la libre, debido a que los intermediarios procurarán el máximo de utilidad sin
que trasladen el beneficio al consumidor, como el propio mandatario acepta con sus declaraciones”
aseguro Araya.
Los datos son del propio gobierno y sí demuestran la caída de ingresos en las arcas del Estado
Con base en datos del Ministerio de Hacienda (TICA), mostramos el monto recaudado por concepto del
Derecho Arancelario de Importación (DAI) en los últimos tres años, debido a la importación de arroz en
granza y pilado y según aranceles vigentes.
En términos generales, en 2020 se recaudaron aproximadamente US$ 10 millones por concepto de las
importaciones de arroz. Para el 2021 esa cifra fue de US$ 6,6 millones, y para el 2022 esa recaudación
rondó los US$ 2 millones. La reducción obedece en mayor grado a la disminución de aranceles sobre él
arroz pilado, propiciada por la Ruta del Arroz, al bajar en un 31% el arancel.
A pesar de dichas reducciones arancelarias, el consumidor no vio rebaja en el precio del arroz en 2022.

“Sería apropiado que el Ministerio de Hacienda aclare si ha dejado de recibir los aranceles que indica su
propio sistema informático (TICA), y así el presidente, no envíe mensajes confusos y sea claro con los
ciudadanos
Reiteramos con números que NO es cierto que el sector se dejaba US$ 150 millones
En Costa Rica se venden anualmente 234.2 millones de kilogramos de arroz pilado, con un valor total
aproximado a los US$ 296.8 millones y si lo manifestado por el gobierno fuera verdad y el sector arrocero
se dejaba US$150 millones, ¿cómo es posible que todo el resto de la cadena de arroz tenga un valor de
únicamente US$ 146.8 millones?
Con la regulación, la utilidad de las agroindustrias arroceras estaba ajustada por el MEIC, y correspondía a
un margen de comercialización del 7%, sobre sus costos variables sin considerar costos fijos. Eso
corresponde a aproximadamente $14 millones.
¿Y dónde están los procesos de intervención del MEIC, ya que era la institución que emitía los decretos?

¿de regulación de precios, de ser así, acaso no sería un mega caso?

Las políticas públicas no pueden ser emitidas unilateralmente y usando al consumidor como justificante.
Cualquier política pública en torno a este cultivo en Costa Rica necesariamente requiere el
aprovechamiento de todas las herramientas de comercio para mantener la convivencia de los actores.
“Es necesario el restablecimiento de los aranceles, que permita mantener la operación del sector primario,
tal y como sucede con los otros sectores sensibles del país.
De nuevo, instamos al presidente al trabajo en conjunto con CONARROZ para lograr desarrollar políticas
públicas que impulsen actividades como el arroz que genera empleo y beneficio en zonas rurales.
Además, hacemos un llamado a los Diputados para fomentar el respeto a la institucionalidad y al actuar
democrático costarricense” acotó el director ejecutivo de CONARROZ.

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Proyecto busca implementar un modelo replicable para el fortalecimiento de la cadena de valor de
la producción de piña certificada, en manos de pequeños agricultores y organizaciones de
productores costarricenses.
Más de 340 actividades de capacitación fueron impartidas, con la participación de un 44% de
mujeres.
A través de alianzas público-privadas y
medidas amigables con el ambiente, productores costarricenses promueven la integración
de la biodiversidad en la producción agrícola y el uso de bioinsumos.
El sector agrícola es uno de los sectores más dependientes de los servicios
ecosistémicos, por eso para asegurar una agricultura sostenible a largo plazo, es
necesario también la creación de alianzas que potencien las medias a favor de la
biodiversidad.
Por medio de la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, a
través del programa Biodiversidad y Negocios, se desarrolló una alianza junto a Nicofrutta
y su subsidiaria en Costa Rica Nicoverde, la cual procura la gestión eficiente de recursos
disponibles en las fincas y el cumplimiento de normas y estándares internacionales para
certificaciones como Global GAP, Fairtrade, Rainforest Alliance-UTZ y Orgánico.
Este proyecto desarrollado junto a la empresa Nicofrutta se financia a través del programa
develoPPP, que implementa la GIZ por encargo del Ministerio Federal Alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Esta alianza promueve un modelo replicable para el fortalecimiento de la cadena de valor
de la producción de piña certificada, en manos de pequeños productores y organizaciones
de productores costarricenses.
Se busca aumentar la producción de piña certificada que se comercializa en el extranjero
al gestionar de manera eficiente los recursos disponibles en finca, a través de un Sistema
de Control Interno (SCI) conciso y simplificado que facilite el cumplimiento de las normas
y estándares internacionales.
Durante el desarrollo del proyecto se impartieron más de 340 actividades de capacitación,
con la participación de un 44% de mujeres, más de 100 productores de piña incorporaron
buenas prácticas agrícolas a sus procesos, y 52 productores adicionales de papaya y
aguacate lograron fortalecer sus capacidades para el uso de bioinsumos y la integración
de la biodiversidad en sus cultivos.
En las capacitaciones, se trataron temas de producción libre de pesticidas y manejo de
SCI, métodos de procesamiento y empaque, madurez de la fruta, ética, género, salud
ocupacional, educación financiera, entre otros.
Esto contribuye al aumento significativo de asociaciones que han alcanzado
certificaciones nacionales e internacionales como BASC, Global GAP, FairTrade,

RainForest Alliance, BRC, Esencial Costa Rica, Agroprevent-19, Orgánico, Libre de
Pesticidas, entre otros.
Svenja Paulino, Directora del programa Biodiversidad y Negocios, comenta: “Para nuestro
programa, es prioridad apoyar iniciativas y alianzas que involucren a empresas privadas
que buscan romper con viejos paradigmas en la producción agrícola. El objetivo es que se
incorpore cada vez más, medidas que permitan una producción amigable con la
diversidad biológica y de esta forma, contribuir a una economía ambientalmente
sostenible”.
La GIZ junto a Nicofrutta y Nicoverde, realizó un evento para la presentación de los
resultados e impactos más sobresalientes de este proyecto, donde se expusieron también
otras iniciativas que surgen de alianzas desarrolladas por esta empresa en el país, lo que
permite que los resultados sean más fructíferos a largo plazo.
El PhD. José F. Alfaro, profesor de la Universidad de Michigan, mostró como el programa
BIOFIN – PNUD y la Universidad de Michigan, se aliaron con el fin de brindar apoyo
técnico ambiental a la empresa Nicoverde, por medio de evaluaciones ambientales y
sociales para la obtención de beneficios tangibles en la biodiversidad.
Durante el evento se realizó la firma oficial de un nuevo proyecto de la empresa
Nicofrutta, quien resultó seleccionada en el segundo Concurso Ideas para una
Recuperación Verde de GIZ, con su propuesta de utilización de biomateriales como
sustituto de plásticos de un solo uso.
Además, en el evento se celebró el lanzamiento de la primera piña descarbonizada, un
ejemplo de cómo las medidas amigables con el ambiente pueden lograr una producción
agrícola sostenible.
Luciano Nicolis, Presidente de Nicofrutta, afirma: “Esta alianza Nicofrutta/Nicoverde con
GIZ, ha sido importante para poder desarrollar nuestra visión de producir con un cambio
en el paradigma, esto al dejar de usar agroquímicos y especialmente los pesticidas, y
sustituirlos por principios activos naturales para el bienestar del ambiente y las personas.
Ha sido una actividad de suma importancia integrar la producción con la biodiversidad y
transferir conocimiento y capacidades de esta conciencia verde a los productores, por
medio del apoyo y trabajo conjunto con GIZ”.
Las alianzas público-privadas son importantes para generar un alto impacto en las
producciones agrícolas del país, para esto es necesario la sensibilización y la
concientización de los productores sobre la importancia de una agricultura sostenible y
amigable con el ambiente. Mecanismos de cooperación junto a la empresa privada, puede
abrir el camino para que cultivos nacionales lleguen a mercados internacionales, al mismo
tiempo que contribuyen a la restauración y protección de la biodiversidad.
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• Fortalecer las instituciones fiscales es clave para gestionar la deuda y promover una transición hacia niveles prudentes de endeudamiento
• La deuda y el riesgo corporativos se consideran lastres para el crecimiento y las inversiones 

Los países de América Latina y el Caribe deben priorizar la reducción de la deuda a niveles prudentes para impulsar el crecimiento económico, favorecer la inversión productiva y reducir el riesgo de una crisis de endeudamiento, según un nuevo informe insignia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio revela que la deuda total de la región aumentó hasta US$5,8 billones, o el 117% del PIB, desde menos de US$3 billones en 2008. En tanto, la deuda pública creció del 58% en 2019 al 72% en 2020 debido a paquetes fiscales relacionados con el COVID, menores ingresos y la recesión, según la publicación «Lidiar con la deuda, menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe«, parte de la serie Desarrollo en las Américas del BID.

Los altos niveles de deuda pueden obstaculizar el desarrollo, porque impulsan a los inversores a exigir mayores rendimientos, desplazando las inversiones privadas y obligando a los gobiernos a desviar recursos escasos para pagar intereses, en lugar de invertir en infraestructura y servicios públicos. Los altos niveles de endeudamiento también reducen la capacidad de los países de responder a futuros shocks económicos para apoyar a los hogares y las empresas, y aumentan el riesgo de una crisis. La pandemia, la invasión rusa a Ucrania, la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y el bajo crecimiento mundial, combinados con una deuda elevada, aumentan la vulnerabilidad de la región.

Ante este panorama, los gobiernos deberían reducir su porcentaje de deuda pública, de un promedio de 70% a un rango de 46%-55% del PIB, nivel que el estudio considera prudente, siempre tomando en cuenta que el rango variará en cada país dependiendo de sus características específicas. Los países dependientes de los ingresos volátiles de los productos primarios deberían reducir aún más sus niveles de deuda.

«Una deuda bien administrada y sostenible puede ayudar a liberar el abundante potencial de crecimiento de América Latina y el Caribe», dijo Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. «Nuestro nuevo informe insignia presenta una agenda a favor del crecimiento, en la que la deuda se convierte en un motor y no en un lastre para el crecimiento. Ofrece a los gobiernos de los países de la región recomendaciones integrales de políticas para fortalecer las instituciones macrofiscales, reducir la deuda pública y garantizar un entorno de financiamiento favorable para las empresas».

Fortaleciendo las instituciones fiscales
El estudio analiza varias políticas que pueden ayudar a los gobiernos a llevar la deuda hasta niveles prudentes y promover su sostenibilidad.

Instituciones fiscales más sólidas pueden alentar a los gobiernos a dejar de gastar en exceso en los buenos tiempos, crear un colchón para hacer frente a los malos tiempos, y ayudar a los países a proporcionar una orientación fiscal creíble para reducir los niveles de deuda pública. Las reglas fiscales ayudan a los gobiernos a establecer metas numéricas para los agregados presupuestarios y macroeconómicos de manera transparente, de modo que puedan responder por dichos resultados. El estudio muestra que los países de América Latina y el Caribe cumplieron con solo el 57% de los objetivos especificados en las reglas debido al deficiente diseño de dichas reglas.

Las normas fiscales eficaces incluyen entre sus ingredientes fundamentos jurídicos sólidos, mecanismos de aplicación creíbles, flexibilidad para hacer frente a los shocks y cláusulas de escape bien definidas. Los concejos fiscales independientes también son clave para la efectividad de las reglas fiscales y la promoción de políticas responsables, porque supervisan y monitorean la implementación de esas reglas.

Consolidación fiscal
El estudio destaca que la mejor manera de reducir la deuda es a través de un mayor crecimiento combinado con gasto público eficiente e ingresos públicos adecuados y recaudados de una forma que no sacrifique el crecimiento.

En general, los países, especialmente aquellos con altos niveles de gasto e impuestos como porcentaje del PIB, deberían enfocarse en mejorar la eficiencia, tanto de la recaudación de ingresos, como de sus gastos. La calidad de la inversión pública puede ser mejorada en todas las etapas del ciclo del proyecto, las transferencias de pagos deberían ser dirigidas a quienes realmente las necesitan, y se debería mejorar el monitoreo de los impuestos. En los países cuyos ingresos y el gasto son un porcentaje menor del ingreso nacional, ampliar la base impositiva y aumentar los ingresos del sector público permitirían una mayor inversión pública con impacto positivo en el crecimiento.

Otras oportunidades incluyen reformas para disminuir la informalidad laboral, como la reducción de los incentivos fiscales para que las empresas contraten mano de obra informal y el cambio del financiamiento de los beneficios de los impuestos laborales a una tributación más general.

Estrategias de gestión de la deuda
El informe también concluye que los países deben prestar mucha atención a las estrategias de gestión de la deuda. Instituciones eficientes, como las oficinas de gestión de deuda, que funcionan bien y los instrumentos de deuda innovadores, son vitales para gestionar la composición de la deuda. Los avances anteriores a la pandemia en la mejora de esa composición se han estancado y los países deben gestionar activamente los calendarios de amortización. Más de la mitad de los países de la región enfrentan un servicio de deuda de más del 2,5% del PIB, y una cuarta parte de ellos de más del 5%, cantidad similar al gasto en educación.

Los países deberían aprovechar plenamente a los bancos multilaterales de desarrollo y otros prestamistas oficiales que proporcionan financiamiento competitivo a largo plazo. Además de ofrecer préstamos a tasas más bajas y plazos más largos que los mercados privados, los bancos de desarrollo ofrecen conocimiento técnico y otros instrumentos para ayudar a los países a gestionar los riesgos.

El informe recomienda crear un foro regional para mejorar la coordinación de los procesos de reestructuración de deuda. Esto complementaría los actuales esfuerzos internacionales que se han enfocado mayormente en los países de bajos ingresos.

Deuda privada

La deuda privada también aumentó antes y durante la pandemia. En general, los sectores bancarios nacionales de la región han crecido, y una cuarta parte de los países tienen un crédito interno de al menos el 100% del PIB. Sin embargo, para otra cuarta parte de ellos el crédito es inferior al 50% del PIB. El acceso sigue siendo escaso, especialmente para los hogares, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas dirigidas por mujeres.

Las estimaciones apuntan a una brecha de US$1,8 billones entre la demanda y la oferta de fondos disponibles para las pymes de la región. Pese a la disponibilidad de muchos programas para mantener abierto el crédito a las empresas durante la pandemia, el acceso siguió siendo un factor importante para que pudieran sobrevivir a la crisis sanitaria.

El nivel general de endeudamiento de los hogares en la región sigue siendo relativamente bajo en comparación con los estándares internacionales, ubicándose en un promedio del 22% del PIB, muy por debajo de otras economías emergentes (35%) y de los países desarrollados (77%). El informe aporta nuevos datos completos sobre el crédito a los hogares, y recomienda a los gobiernos continuar con sus esfuerzos para mejorar el acceso al crédito, tanto para familias, como para las pymes.

El informe también recomienda que los gobiernos diseñen intervenciones dirigidas con precisión a aquellas empresas promisorias que necesitan apoyo, pero que les ofrezcan un conjunto más amplio de instrumentos, incluido el capital o el cuasicapital, para no aumentar la carga de la deuda.

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• El riesgo de mayores aumentos en las tasas de interés y la inflación, así como el aumento de un 8% a un 13% en el IVA, sin duda representan un desincentivo a la construcción y el desarrollo de proyectos. 
  
• Cámara de la Construcción pide entre otros aspectos congelar IVA en 8% por 24 meses y conformar un grupo de trabajo para impulsar acciones concretas que permitan duplicar el PIB del sector construcción en próximos tres años.  

Enero, 2023. El sector construcción continúa en una situación compleja, sin lograr aportar lo esperado a la reactivación económica que tanto necesita el país. Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) no hay una ruta clara, por parte de las autoridades de gobierno, con acciones concretas que favorezcan la ejecución de obras.  

En una conferencia de prensa desarrollada este jueves 26 de enero, Carlos Trejos, presidente de la CCC señaló que actualmente el riesgo de mayores aumentos en las tasas de interés y la inflación, representan un desincentivo a la construcción y el desarrollo de proyectos.

“El riesgo de mayores aumentos en las tasas de interés implica un panorama aún más complejo para la construcción. La tasa activa negociada para actividades inmobiliarias ha crecido, en promedio, 3 puntos porcentuales de enero a diciembre de 2022 tanto en bancos estatales como privados. Las tasas para construcción han crecido, en promedio, 4 puntos porcentuales en el mismo período” señaló Trejos.

Sector en cifras:

Actualmente la participación directa en el Producto Interno Bruto (PIB) es de 3.6%, la más baja desde 1991, además, el sector se contrajo un -8.6% respecto a 2021, según este indicador. “Lo que nos hace pronosticar un estancamiento para este 2023”, añadió Trejos.

Entre abril y noviembre 2022 el IMAE Construcción registró una contracción promedio del -14%, provocada por un fuerte decrecimiento en la obra pública.

“Tenemos que destacar que, a pesar del interés del sector privado de mantener la ejecución de obras, si no hay acompañamiento de infraestructura pública como carreteras, acueductos, puertos, escuelas, así como de otras acciones por parte de las autoridades de gobierno, la situación del sector se volverá insostenible”, alertó el presidente de la Cámara.

De acuerdo con cifras del Informe del Estado de La Nación (2022), la inversión pública en capital decreció un -22.7% entre 2020 y 2021, mientras que la inversión privada en capital creció +17.1% en el mismo periodo. Esta situación impacta de manera directa la competitividad y la calidad de vida de los habitantes del país.

La disminución en el peso de la construcción sobre el PIB total se da desde 2008 y no responde a situaciones particulares de la pandemia únicamente, sino que responde a situaciones estructurales.

Acciones prioritarias para la reactivación del sector construcción: 

Mejora en el acceso a vivienda para reactivar la economía. Reducir las tasas de interés y mejorar las condiciones preferenciales para créditos, “así como la implementación de nuevos esquemas de financiamiento, utilización de fondos de pensiones, entre otros​”, explicó Trejos 

Garantizar disponibilidad de agua potable​. Mejorar la eficiencia en la gestión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para acelerar la ejecución de las obras que se requieren garantizar el abastecimiento de agua potable a la población y al sector productivo.

Atención de proyectos de emergencia, que incluya la definición de un agresivo plan de mediano y largo plazo que garanticen la ejecución de los proyectos de Reducción de Agua no Contabilizada (RANC) y de Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM).

Impulsar la obra pública para mejorar la competitividad​. La CCC hizo un llamado urgente al gobierno de la República para atender y aumentar el rezago en la infraestructura pública, “esto garantizará un acompañamiento al sector privado que genere encadenamientos en la búsqueda de reactivar la economía nacional”, acotó Trejos al tiempo que planteó la necesidad de ampliar el uso de las Alianzas Público- Privadas.

Acelerar mejora en trámites y permisos. Ante la cantidad de trámites burocráticos y el tiempo en la aprobación de permisos y otros documentos, la Cámara instó al Poder Ejecutivo a profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector construcción. ​Además, señalaron la necesidad de vigilancia sobre los resultados e impacto concreto de iniciativas como “Le dejamos trabajar”.  ​

Finanzas públicas. La entidad gremial exhortó al gobierno de la República a evitar más cargas impositivas sobre el sector productivo los cuales provocarían una ralentización de la actividad económica.

“Instamos a las autoridades a aplicar medidas eficientes y eficaces en la ejecución adecuada del gasto, pero asegurándose de que los recortes que se realicen no afecten la inversión pública”, concluyó Carlos Trejos presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

IVA servicios de construcción. La Cámara Costarricense de la Construcción planteó al gobierno congelar el Impuesto al Valor Agregado por 24 meses para mantener el 8% actual, ya que está previsto que aumente a un 13% a partir de setiembre.

Duplicar el PIB. “Proponemos al gobierno de la República impulsar acciones para duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) del sector construcción con el objetivo de reactivar la economía nacional. ​Por medio del incremento en la inversión en obra pública y el fomento a la vivienda y a la inversión inmobiliaria, se generaría un fuerte impulso a la actividad económica y empleo”, dijo el presidente de la CCC, Carlos Trejos.

Grupo de trabajo especial. Por último, en la conferencia de prensa, la Cámara de la Construcción destacó la importancia de conformar un grupo de trabajo especial, con la participación de jerarcas de gobierno y representantes de esta cámara, para definir e implementar las acciones prioritarias para duplicar el PIB de la construcción en los próximos tres años.​

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