En Bajo Los Ledezma de La Uruca, San José la Fuerza Pública detuvo a siete personas y les decomisó armas tras aparentemente estar disparando en la zona.
Al ser las ocho de la noche de ayer, llegando los policías a la delegación de la Uruca-Mataredonda, escucharon detonaciones de arma de fuego.
De inmediato van al sitio de donde habrían disparado y notan que por un callejón habrían huido, siendo que ubican en una segunda planta a siete sujetos, dos mayores de edad y cinco menores.
Al realizar la revisión superficial, lograron ubicar tres armas de fuego, dos calibre 9mm, cuatro cargadores, un radio de comunicación y una ametralladora.
Los detenidos mayores de edad apellidos López y Rivas y los otros cinco menores de edad.
Se determinó que los sospechosos conformaban un grupo que se dedicaba al robo de vehículos
Se les vincula con al menos 10 casos durante los años 2020 y 2021
Agentes judiciales destacados en La Delegación Regional de Heredia, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, lograron esta mañana la detención de 4 hombres y una mujer que figuran como sospechosos de conformar un grupo organizado dedicado al robo de vehículo en distintos puntos del país, como Cartago, Heredia, San José y Alajuela.
Las detenciones se realizaron tras allanar sus viviendas ubicadas en distintos puntos como San Vito Coto Brus, San Juan de Santa Barbara de Heredia, San José-Paso Ancho- Las Juntas de Abangares y San Carlos, donde se decomisó importante evidencia para la investigación como documentos, teléfonos celulares y piezas de vehículos que serán analizados, entre otras cosas.
A través de la investigación realizada por los agentes judiciales destacados en Heredia, el cual abarcó vigilancias, seguimientos, ubicación de cámaras, testigos, elementos técnicos, como pericias telefónicas, entre otras, se ha logrado identificar al mencionado grupo criminal organizado que operaba a nivel país, sustrayendo vehículos hasta ahora determinados por investigación en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia,
En la investigación realizada se logró determinar que como modo de operar utilizaban principalmente la modalidad del descuido, pues los sospechosos en apariencia aprovechaban que el vehículo sustraído era dejado en vía pública por su usuario o propietario, para en ese lapso temporal poder efectuar la inteligencia criminal relacionada al vehículo por sustraer, que consiste en identificar el tipo de vehículo que es de interés para el robo y tras verificar si el mismo cuenta con dispositivos de seguridad y si en la zona existen cámaras o posibles testigos para luego proceder con la extracción de uno de los llavines de las puertas delanteras del automotor y lograr así obtener el machote de la llave que les permitiría ingresar al vehículo afectado y facilitar así la sustracción.
Trascendió que los vehículos eran desarmados para ser vendidos en piezas Finalmente, los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Delegación Regional de Puntarenas, requieren colaboración de la ciudadanía, para dar con el paradero de un contenedor lleno de carne, el cual fue sustraído mediante un asalto.
De acuerdo con el informe preliminar, el asalto ocurrió a eso de las 9:00 p.m., del viernes 25 de febrero del presente año, cuando el conductor de un camión que transportaba carne y que venía de Nicaragua, se detuvo en el sector de Caldera, siendo que, él y el custodio que lo acompañaba se bajaron por un momento y cuando iban a abordar de nuevo el camión en apariencia fueron interceptados por tres sujetos armados y con el rostro cubierto, quienes supuestamente los metieron en el camarote del camión y los amarraron. Aparentemente, se los llevaron y al conductor lo dejaron abandonado en el sector de Orotina, mientras que al custodio lo dejaron dentro del cabezal en el sector de Turrucares en Alajuela.
Hasta el momento se desconoce el paradero del contenedor el cual llevaba veintiún toneladas con carne de la marca San Martín valoradas en 170 mil dólares, producto como el que se aprecia en las imágenes adjuntas, por lo que los investigadores del OIJ de Puntarenas solicitan a la ciudadanía que si tienen información del paradero de dicho contenedor y del producto que transportaba o bien si se tiene información de lugares donde se esté comercializando esa carne, pueden brindar la información a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.
Gremio de la Salud promoverá el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Integridad de la Prevención, de la cual Justicia y Paz es rectora
Trabajo se enmarca en lo dispuesto por la ley No 9699: Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho
Convenio con Fundación ID potenciará el Modelo de Inserción Socio-laboral lanzado por Justicia y Paz en agosto del año pasado
Personas LGBTIQ+ tendrán la oportunidad de recibir formación técnica y colocarse en una empresa privada al egresar del sistema penitenciario
San José, 2 de febrero de 2022. El Ministerio de Justicia y Paz firmó esta mañana dos convenios, uno con la finalidad de promover la lucha contra la corrupción en el país y otro para potenciar la inserción social de las personas privadas de libertad.
El primer convenio se firmó con la Cámara Costarricense de la Salud PROMED para promover acciones que ayuden al conocimiento, sensibilización e implementación de la ética y las acciones anticorrupción en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No 9699: Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho.
“Celebramos el interés del sector privado en la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción y por la implementación del marco normativo sobre cohecho. Son pasos en la dirección correcta que le permiten demostrar no solo la calidad de sus productos y servicios, sino también que estos se provean en un marco de transparencia y ética. Con la firma de este convenio y el lanzamiento de este sello, la Cámara Costarricense de la Salud suma al atractivo del país como destino de inversión en temas de salud”, comentó la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.
De acuerdo con lo acordado, las partes establecerán planes de trabajo y de seguimiento de metas para la promoción eficiente del sello PROMED Anti-corruption Compliant.
“Como Cámara Costarricense de la Salud reafirmamos con este convenio nuestro compromiso de educar, divulgar y prevenir actos de corrupción. En esta línea, como cámara lanzamos el sello PROMED Anti-Corruption Compliant, una iniciativa enfocada a generar una cultura de prevención y adoptar medidas de cumplimento de lo establecido en la Ley 9699. Creemos firmemente en la importancia de las colaboraciones público-privadas y con estas iniciativas queremos ayudar para restablecer un entorno de confianza basado en cumplimiento estrictos de los más altos estándares éticos y de transparencia”, indicó Massimo Manzi, director ejecutivo de esa organización.
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El sello contempla el diseño y redacción de protocolos, reglas y procedimientos específicos para prevenir la comisión de delitos de acuerdo con las recomendaciones detectadas tras los análisis de riesgos, así como el ajuste de controles financieros de cara a evitar delitos de corrupción y fraudes internos. En la actualidad, 10 empresas del sector salud forman parte del sello PROMED Anti-Corruption Compliant.
El representante de la Cámara y la Viceministra de Gestión Estratégica, Diana Posada Solís, fungirán como “unidades fiscalizadoras” para velar por el cumplimiento de las metas.
“La lucha decidida contra la corrupción es un activo vital de la sociedad. Le asegura que los recursos en el sector público o privado se usen para atender las necesidades y las oportunidades de crecimiento y bienestar de las personas. La toma de conciencia sobre esta realidad, la rendición de cuentas transparente, la adopción de buenas prácticas internacionales y principalmente la convicción personal son las herramientas idóneas con que contamos para dar esta lucha”, enfatizó la Ministra.
Impulso a la inserción social
El evento también sirvió de escenario para la firma de un convenio de cooperación con la Fundación ID para la Inclusión y la Diversidad. Este tiene como objetivo promover acciones en el campo de la investigación, la docencia y la acción social, para potenciar el Modelo de Inserción Socio-laboral lanzado por Justicia y Paz en agosto del año pasado.
En el marco del acuerdo se desarrollarán acciones de formación y capacitación, dirigidas tanto al personal del MJP como a la población penal, a través de seminarios, talleres, cursos, investigaciones, prácticas, proyectos y demás actividades de interés para ambas instituciones.
La población penal que participe en los cursos de formación técnica que gestiona la Fundación con otros actores nacionales e internacionales podrá, al egresar del sistema penitenciario, laborar en empresas privadas con quienes la Fundación ID ha suscrito convenios.
Esto garantiza una puerta de inserción social para la población LGBTIQ+, que aún experimenta niveles importantes de discriminación. Las oportunidades que crea este convenio están enfocadas en consolidar la dignidad de este colectivo como parte de la sociedad costarricense.
El documento fue suscrito por la jerarca del MJP y el fundador y director de la Fundación ID, Julio César Calvo Murillo.
“Convertir a Costa Rica en un país cada vez más inclusivo, seguro y que brinde oportunidades igualitarias es una responsabilidad de todos y todas. Nos complace que existan organizaciones como la Fundación ID que se dan a la tarea de lograr ese objetivo y, más aún, que, a través de estos acuerdos las instituciones públicas y la sociedad civil puedan unirse de manera efectiva por el bien común”, expresó la Ministra
Por su parte, Julio César Calvo Murillo, fundador y director de la organización, manifestó que “en el marco del convenio, la Fundación para la Inclusión y la Diversidad busca brindarles becas a personas privadas de libertad de la comunidad LGBTIQ+, con el fin de que tengan la oportunidad de estudiar, sacar su título y que esto les ayude a insertarse laboralmente. Es importante que las empresas del sector privado sepan que la Fundación busca su apoyo para llevar adelante este proyecto, para que cuando estas personas estén en libertad cuenten con un trabajo digno y reconstruir sus vidas”.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Delegación Regional de Alajuela, investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 35 años, de apellido Pizarro, quien falleció anoche tras ser herido por proyectil de arma de fuego.
Informes preliminares indican, que los hechos se dieron a eso de las 7:30 p.m., cuando el ahora fallecido conducía un vehículo e iba con una femenina como acompañante, momento en que al parecer se acercó una motocicleta con dos personas, siendo que, en apariencia el que iba de acompañante sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones y se dieron a la fuga.
Pizarro recibió al menos 9 impactos por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y falleció en el sitio. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, para que se le realice la respectiva autopsia. La mujer que iba en el carro con este hombre resultó con un disparo en la cara y fue trasladada a un centro médico local.
Trascendió, que se presume que el móvil podría estar relacionado con temas de droga, sin embargo, las investigaciones en torno al caso continúan, para esclarecer lo sucedido y dar con los sospechosos de cometer este hecho.
Los constantes patrullajes que realizan los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, a lo largo de la frontera norte, nuevamente permiten evitar que equinos en condiciones insalubres pongan en riesgo la salud de eventuales consumidores.
Los Chiles, frontera norte Policía de Fronteras; decomisa 19 caballos; y una mula introducidos al país en condiciones insalubres
Gracias a estas acciones, el pasado martes, en una finca de la localidad de Santa Fe, cantón de Los Chiles, la Policía de Fronteras localizó y decomisó 19 caballos y una mula. Los animales presentaban fierros o marcas nicaragüenses, lo cual es característico de los equinos introducidos al país en modalidad de contrabando desde Nicaragua. Los equinos se encontraban en condiciones deplorables, pues presentaban lesiones en sus lomos, heridas infectadas y plagados de garrapatas y tórsalos, por lo que fueron entregados al SENASA. Al igual que en muchos otros casos atendidos por los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, se presume que los animales iban a ser destinados para el consumo humano. Lo anterior constituye un riesgo para la salud de las personas, pero también para los equinos de la zona norte en caso de que estos animales hubieran entrado en contacto con otros caballos de la región y los hubieran contagiado con algunos de sus padecimientos.
El Alcalde de Garabito, Tobías Murillo, retrasa el pago de una deuda de ¢70 millones contraída por la Municipalidad de ese cantón debido a la contratación de movimientos de tierra en las obras preliminares para construir una planta de incineración de basura.
Los trabajos de movimientos de tierra fueron desarrollados por la compañía Excavaciones y Movimientos de Tierra de Jacó WR LTDA representada por, Warner Rojas, quien realizó esas funciones en el actual Relleno Sanitario donde se pretendía construir la planta de incineración.
Los medios de comunicación tienen en sus manos un criterio legal del año 2016 emitido por el Departamento Legal del Municipio AL-603-2016-H autenticado por la Secretaría del Concejo que fue utilizado por el actual Alcalde para cancelar ¢50 millones a otra empresa que realizó trabajos similares en el mismo Relleno Sanitario.
Sin embargo, ahora en la sesión del pasado 13 de diciembre Murillo (tal como se aprecia en el vídeo de ese día) afirmó que requería de una nueva opinión de la Oficina Jurídica del Gobierno Local para honrar el pago a Excavaciones y Movimientos de Tierra de Jacó WR LTDA, esta versión es ratificada por la Oficina de Comunicación del ayuntamiento en reportajes publicados en días pasados.
Los trabajos desarrollados por esta segunda empresa en el Relleno Sanitario, alcanzaron un valor de ¢70 millones por la remoción de unos 6 mil metros cúbicos de tierra; sin embargo, a la fecha Murillo ha retrasado reiteradamente cancelar esa deuda a pesar de que existe jurisprudencia interna como lo es el criterio legal antes señalado que sostiene que la Municipalidad debía pagarle a la empresa para no incurrir en enriquecimiento sin causa.
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“Es muy curioso que la Alcaldía pida otro criterio legal, si ya existe jurisprudencia que ha sido utilizada para pagarle a otro empresario. ¿Cuál será la intención del Alcalde?” ¿Cambiará de criterio el Departamento Legal?” criticó Rojas.
La medios de prensa han dado seguimiento a este tema para saber si el Departamento Legal modifica su punto de vista original ya que la Ley no ha sido reformada y; además, se trata del mismo caso (alquiler de maquinaria) y en igual lugar.
Grave perjuicio
Hace dos años la Municipalidad de Garabito contrató los servicios de la empresa Excavaciones y Movimientos de Tierra de Jacó WR LTDA para preparar el terreno donde supuestamente se iba a llevar a cabo el proyecto diseñado inicialmente por Korean Consulting Group y que se denominó “Construcción de una Planta con Incineración de Desechos Sólidos de Alta Tecnología y Certificada Carbono Neutral”.
“El mismo Departamento Legal mediante el citado criterio sostuvo que en caso de que no se pague lo adeudado la Municipalidad incurriría en el delito de enriquecimiento sin causa”, afirmó Rojas.
Se allanaron cinco viviendas en diferentes sectores del país.
Se ubicó el laboratorio donde eran elaborados los billetes falsos
Luego de varios meses de investigación, la mañana de este martes, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección de Fraudes, detuvieron a cuatro hombres de edades comprendidas entre los 47 y 58 años, así como a dos mujeres de 34 y 36 años, quienes figuran como sospechosos de conformar un grupo delictivo dedicado a la Falsificación, Distribución y Circulación de Moneda Falsa.
Según el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales luego de que recibieron información confidencial, donde les indicaban sobre la existencia de este grupo criminal el cual tenía su centro de operaciones en el sector de Guápiles.
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Tras la ejecución de varias labores policiales, los investigadores de la Sección de Fraudes lograron identificar a los miembros de este grupo delictivo, por lo que al ser las 6:00 de esta mañana allanaron 5 viviendas en los sectores de El Tejar y La Lima en Cartago, San Francisco de Dos Ríos y Moravia en San José, así como en la localidad de La Leona en Bella Vista de Guápiles, siendo este último sitio donde se encontró el laboratorio donde en apariencia se fabricaban los billetes falsos, lo cuales son de las denominaciones de 5 mil, 10 mil, 20 mil colones y de 20, 50, y 100 dólares.
Trascendió, que en los sitios allanados se decomisaron implementos para la fabricación de los billetes como prensas, cintas, papel de seguridad, moldes, impresoras, computadoras portátiles y diferentes químicos utilizados sobre los billetes, para que sea mas difícil que son falsos. También, se ha decomisado billetes de las denominaciones antes citadas.
Por medio de la investigación se determinó que, los líderes de la agrupación en apariencia son el hombre de 58 años y la mujer de 34 años, quienes les distribuían los billetes a los demás sospechosos y estos al parecer iban a comercios pequeños donde compraban un artículo de un bajo costo, para así ganarse el dinero del cambió y el artículo que adquirían.
Finalmente, los detenidos quedarán con un informe a las órdenes del Ministerio Publico, para que se les determine su situación jurídica.
En una pronta respuesta policial la Fuerza Pública de Hatillo, San José, ubicó ayer un vehículo que se le vincula con varios asaltos en este distrito, por lo que los oficiales al observarlo le dieron la señal de alto; sim embargo, sus ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida.
Ante esto, los agentes le dan persecución logrando detener el automotor en las cercanías de la iglesia católica de Hatillo 7 y además se percataron que uno de los que venía a bordo lanzó un celular en la vía pública.
Al abordar a los sospechosos los policías les ubicaron al menos cuatro celulares más y un arma no letal.
Los aprehendidos son de apellidos Guido, Blandón y Morales, todos con expediente policial por diversos delitos.
A la escena se presentaron algunos de los afectados quienes reconocieron a los sujetos. También, constataron que los teléfonos eran de su propiedad, e incluso un hombre indicó que le habían robado una bicicleta y un bolso con varios artículos.
Se coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se presentara al sitio y realizara las diligencias pertinentes.
El tráfico de personas está castigado con penas de hasta seis años de prisión.
Durante el 2020 la Policía de Fronteras de La Cruz detuvo a 33 sospechosos de cometer este delito.
La Policía de Fronteras no da tregua a quienes trafican con seres humanos y cometen otros delitos transfronterizos, por lo que ascienden ya a tres los presuntos traficantes de personas detenidos, en lo que va de esta semana, durante cumplimientos efectuados en el cantón de La Cruz, Guanacaste, frontera norte.
La primera de estas aprehensiones se registró el pasado domingo 2 de enero en el distrito de Santa Cecilia, durante un control de carreteras efectuado por la Policía de Fronteras, el Guardacostas, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.
En ese sitio las autoridades interceptaron un vehículo guiado por un nicaragüense residente, el cual se apellida Padilla, quien transportaba a dos compatriotas suyos en condición migratoria irregular.
El segundo caso se registró el lunes 3 de enero, durante un operativo efectuado en el poblado de Las Brisas de La Cruz, donde la Policía de Fronteras detuvo a otro nicaragüense residente, el cual se apellida Ocón.
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Dicho sujeto transportaba un grupo de 21 pasajeros en el cajón de un vehículo, entre estos varios ciudadanos nicaragüenses en condición migratoria irregular.
El más reciente detenido por este tipi de hechos es un nicaragüense residente apellidado Espinoza, quien transportaba a cuatro nicaragüenses en condición migratoria irregular.
Esta aprehensión tuvo lugar el pasado martes en la localidad de Corrales Negros del distrito de Santa Cecilia de La Cruz.
Según presumen las autoridades, la suma que les estaban cobrando a los migrantes era de 5.000 colones por llevarlos desde la frontera con Nicaragua hasta diversos puntos dentro del territorio costarricense.
En los tres casos, la Fiscalía de Liberia, Guanacaste, ordenó aprehender a los tres conductores y remitirlos a dicha instancia judicial, la cual los estaría procesando por el delito de tráfico de personas.
Los extranjeros que intentaban ingresar ilegalmente al país fueron presentados como testigos ante la mencionada fiscalía, luego de lo cual la Policía de Migración se encargó de repatriarlos.
El tráfico ilícito de personas es un delito sancionado con penas que van de los dos hasta los seis años de prisión, según lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Migración y Extranjería.
Durante el 2020, siempre en el cantón de La Cruz, la Policía de Fronteras detuvo a 33 sospechosos de cometer dicho delito.
