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América Latina y el Caribe reafirma su compromiso con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo en Santiago, Chile, fue
el escenario para que casi 500 representantes de gobiernos, organizaciones sociales y
organismos internacionales reafirmaran su compromiso con el Consenso de Montevideo en su
10° aniversario.
Costa Rica presentó su informe de avances voluntario, en este evento organizado por la CEPAL
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional de Población y Desarrollo en la sede de la CEPAL, en Santiago, Chile. En este marco se
conmemoró el décimo aniversario del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el más
importante acuerdo intergubernamental que, de forma progresista e integral, busca garantizar el pleno
ejercicio de los derechos humanos en temáticas como salud sexual y reproductiva, envejecimiento,
migración internacional, pueblos indígenas y población afrodescendiente.
Casi 500 personas, incluyendo a más de 260 representantes de organizaciones de sociedad civil,
participaron en este evento que se llevó a cabo en Santiago, Chile, en la sede de la CEPAL. Los países
coincidieron en la necesidad de concentrar los esfuerzos para continuar y profundizar el camino
recorrido, así como potenciar las fortalezas que han hecho del Consenso de Montevideo un faro de
orientación para las políticas públicas de la región en el transcurso de la última década.
Susana Sottoli, Directora Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América
Latina y el Caribe, subrayó que, “en un contexto de múltiples crisis que están poniendo en riesgo
décadas de avances, el Consenso de Montevideo es la hoja de ruta que nos guía para garantizar el
bienestar y la equidad en nuestros países”.

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, el costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs, instó a impulsar
esfuerzos continuos para lograr la plena implementación del Consenso de Montevideo y destacó que, 10
años después, el Consenso sigue siendo, junto con la Agenda 2030, la herramienta indispensable –y más
vigente que nunca– para seguir trabajando por la inclusión de todas y todos en nuestra región. “Al
centro de nuestra atención y prioridades deben estar las niñas, niños y jóvenes; las personas mayores;
las mujeres; las personas migrantes; los pueblos indígenas; las poblaciones afrodescendientes; las
personas con discapacidad; y las personas LGTBIQ+. Solo así podremos transformar esta América Latina
y el Caribe tan desigual”, subrayó.
Varios países, incluyendo Costa Rica, presentaron informes nacionales voluntarios, sobre avances en
políticas públicas relacionadas con población y desarrollo y el abordaje de nuevos desafíos
poblacionales. Se enfatizó en la importancia de generar evidencia e información estadística oportuna,
desagregada y de calidad para fundamentar políticas públicas de precisión y justicia social.
Participación de Costa Rica
La delegación de Costa Rica estuvo encabezada por la Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy
Quesada Hernández, Carlos von Marshall, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN) y Adriana Murillo, Embajadora de Costa Rica en Chile. También estuvieron presentes

representantes de organizaciones de mujeres con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, y
mujeres que viven con VIH-Sida.
Después de un importante proceso participativo liderado por MIDEPLAN y acompañado por el UNFPA,
Costa Rica presentó su Tercer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación del Consenso de
Montevideo, con información sobre los desafíos, logros y buenas prácticas a nivel nacional y el avance
del sistema de indicadores de seguimiento de esta agenda.
La Ministra Quesada, destacó los avances asociados a la implementación de la Ruta de Género, mejoras
en los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, la
reducción sostenida en los porcentajes de embarazo en la adolescencia derivada de un conjunto de
políticas de Estado en las últimas dos décadas, entre otros esfuerzos en normativa y programas para la
igualdad de género y cumplimiento de los derechos humanos.
Juan Luis Bermúdez, jefe de la oficina del UNFPA en Costa Rica, señaló la importancia del tercer Informe
País de Costa Rica. "Destaca el hito de haber incluido el Consenso de Montevideo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como marcos de referencia del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas
2023-2026”.
UNFPA facilitó la participación de representantes de la sociedad civil: Damaris Solano, de la Alianza de
Mujeres Latinoamericanas con Discapacidad (ALAMUD), Denisse Patterson del Foro del Pueblo Tribal
Afrodescendiente y Flor Morales de la Asociación IXACAVAA de Desarrollo e Información Indígena. Ruth
Linares, de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH-sida (ICW Latina), acompañó
también este esfuerzo colectivo.

De Izquierda a derecha: Cristian Vargas de UNFPA, Damaris Solano de ALAMUD, Denisse Patterson del Foro de Pueblo
Tribal Afrodescendiente, Juan Luis Bermúdez de UNFPA, Ministra Cindy Hernández, Flor Morales de IXACAVAA , Ruth
Linares de ICW y Adriana Murillo, Embajadora de CR en Chile.

Desde ALAMUD se solicitó a estados y representantes de Naciones Unidas que se adopte una resolución
sobre la situación y derechos de las personas con discapacidad de manera transversal e interseccional, y
que se refleje en un capítulo específico en el Consenso de Montevideo. “Como mujer con discapacidad y
como parte del colectivo de mujeres con discapacidad de Latinoamérica, para nosotras es importante
que se haga una resolución al respecto y que se incluya finalmente el capítulo sobre discapacidad que
tanta falta hace”, afirmó Damaris Solano, Vicepresidenta de ALAMUD.
Por su parte, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), del que Flor Morales
forma parte, destacó la falta de mecanismos de alerta ante la vulneración de derechos de mujeres y
jóvenes indígenas, como la criminalización de prácticas y conocimientos indígenas en salud, violencia
obstétrica y esterilización forzada. Exigieron medidas legislativas, políticas públicas y presupuestos
específicos para garantizar los derechos indígenas con perspectiva intercultural, intergeneracional y de
género, destacando la necesidad de ser protagonistas en estas acciones.
Denisse Patterson, en representación del Foro del Pueblo Tribal Afrodescendiente, afirmó que la
participación del pueblo afrodescendiente permite visibilizar las necesidades y retos de esta población y
a la vez  “estrechar lazos con todos los hermanos afrodescendientes de la región”.
El Colectivo de redes y organizaciones de la sociedad civil, al que pertenece ICW Latina, reconoció los
avances en derechos sexuales y reproductivos en la región, pero resaltó los desafíos persistentes.
Solicitaron medidas específicas, como la plena implementación del Consenso para la eliminación de la
mortalidad materna, la inclusión de perspectivas interculturales, la participación de juventudes en la
toma de decisiones y la atención integral a poblaciones vulnerables.
En sus acuerdos, los países llamaron a reforzar el cumplimiento de las medidas prioritarias del Consenso
de Montevideo a través de la ejecución de acciones específicas, la asignación adecuada de recursos, y la
creación y el fortalecimiento de mecanismos institucionales para su implementación y seguimiento.
Asimismo, valoraron los aportes de las partes interesadas, incluidos los Gobiernos, las organizaciones de
la sociedad civil, el sector privado, el sector académico y los colectivos y movimientos pertinentes, al
actual proceso de examen regional del Consenso de Montevideo, y relevaron la importancia de crear
nuevas alianzas y mantener y reforzar las existentes para su implementación efectiva.
Todos estos insumos serán tomados para que el próximo año 2024, se pueda incorporar la voz y la visión
de América Latina y el Caribe en la Conferencia internacional de Población y Desarrollo, CIPD+30, es
decir, 30 años después del Plan de Acción de Cairo, y poder tomar nuevas medidas y nuevas rutas para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas, así como el cumplimiento
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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