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Primeros cuatro traslados al régimen Semi Institucional en atención a orden de Juzgados, Aprueba INC

 Analizó las primeras 24 solicitudes de los centros penales y remitió un caso a los Juzgados de Ejecución de la Pena

· Nacionales

El Instituto Nacional de Criminología autorizó cuatro traslados al régimen Semi Institucional como parte de la directriz 4-20, circular que se emitió para dar respuesta a la orden de los Juzgados de Ejecución de la Pena a fin de que se evalúen, de forma extraordinaria, los casos de personas privadas de libertad que presenten factores de riesgo por Covid-19.

De los 31 casos que los centros penitenciarios remitieron la semana anterior al INC, el instituto analizó esta semana 24 y dio luz verde a 4.  Un caso fue remitido al Juzgado de Ejecución de la Pena para que se pronuncie.

En el caso de los traslados de régimen, en principio las personas permanecerán en sus hogares por tres meses, siempre y cuando cumplan con sus planes de atención técnica y no incurran en nuevas actividades delictivas.

“Todo el trabajo institucional y del país alrededor de esta pandemia ha generado una alta sensibilidad que trajo una afluencia de valoraciones desde los centros penales y de las unidades de atención. Esto ha generado un número importante de valoraciones técnicas que el Instituto Nacional de Criminología viene considerando”, dijo la directora del INC, Jenny Umaña.

La funcionaria destacó que el proceso ha sido arduo, de mucho trabajo y análisis. “Seguimos trabajando fuertemente, abocados a este proceso con la seriedad, profesionalismo y responsabilidad que caracteriza el quehacer del Instituto Nacional del Criminología”, señaló.

Para aprobar el cambio de régimen se toma en cuenta no solo el criterio médico y del personal técnico de los centros penitenciarios, sino, además, una serie de valoraciones técnicas en las áreas jurídica, psicología, trabajo social, orientación, educación, procesos interdisciplinarios, así como factores aportados por la propia Policía Penitenciaria, que buscan determinar que la persona no represente un peligro para sí misma ni para la sociedad.

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