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Poder Ejecutivo y Hacienda vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes

PRESUPUESTO DEL PANI PARA EL 2021 ES INCONSTITUNCIOAL

· Nacionales

Por segundo año consecutivo, el Poder Ejecutivo envió un presupuesto para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que violenta la Convención de los Derechos del Niño, lo que lo hace inconstitucional, según lo resolvió la Sala Cuarta el año pasado, cuando se presentó también una disminución del presupuesto, respecto al periodo anterior. De aprobarse el presupuesto destinado para al PANI para el 2021 significaría una disminución respecto al 2018 de más de un 33% (una tercera parte) y con respecto al presupuesto 2020 de cerca del 11%. Si observamos los presupuestos asignados para el Patronato Nacional de la Infancia del 2018 al 2021 encontramos los siguientes datos:

Año Presupuesto

2018 ȼ 106.385.700.000

2019 ȼ 103.115.600.000

2020 ȼ 79,404,547,150

2021 ȼ 70.000.000.000

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En 2019 con la aprobación del presupuesto 2020 para el Patronato mediante el voto 2019-24746 la sala constitucional dictaminó: “Conforme se desprende de la prueba aportada por la Contraloría General de la República, comparando la asignación original al PANI (que le corresponde según las leyes de nuestro ordenamiento jurídico) y el monto aprobado en la Comisión, se evidencia la rebaja, cuyo total obedece a una diferencia de 39.228.052.500 que corresponde a un 45,96%. Así que se constata que es cierto que la suma originalmente asignada al PANI fue reducida significativamente en el Dictamen Afirmativo de Mayoría. Lo cual afectará los derechos fundamentales de los menores y las madres, protegidos por el PANI. En materia de derechos sociales, el legislador presupuestario no puede reducir la asignación de recursos dispuesta por el legislador ordinario, básicamente porque, con ello se limitan los recursos que se deben destinar programas sociales, como lo es en este caso, la atención de la niñez y la familia”. Ahora bien, sin demérito de lo externado en el precedente antes mencionado, conviene mencionar que recientemente en el voto número 2018-19511 de las 21:45 del 23 de noviembre de 2018, la Sala sostuvo que si bien en aras de cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, resultaba posible que el Estado pudiera reducir los fondos asignados a programas sociales, entre los que podían encontrarse los destinados al Patronato Nacional de la Infancia, lo cierto es que el límite a tal reducción estaba dada por los artículos 23 y 24 de la Ley número 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el sentido de que la asignación presupuestaria no podía ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de dicha ley.” A pesar que la Ley Orgánica del Patronato Nacional, en los artículos 3 (Fines) y 4 (Atribuciones), establece las acciones que esta Institución debe ejecutar, se nota que el PANI escasamente cumple con lo estipulado. Esto en gran medida siempre es atribuido por la mayoría de sus Jerarcas, con experiencia en temas de niñez, a falta contenido presupuestario. RECOMENDACIONES LEGISLATIVAS El día 26 de noviembre de 2019 xpediente N°21.470 la Comisión Especial Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, tras una investigación sobre gestión del PANI emitió las siguientes recomendaciones: Fortalecer los programas preventivos: Como necesidad urgente se haya la reactivación inmediata de los programas ligados a la prevención con el fin de que el tratamiento que reciban las familias sea completamente integral, y contemplando las necesidades sociales y económicas del núcleo familiar. Entre los programas preventivos que más requiere de apoyo y fortalecimiento técnico se haya las unidades móviles que permiten un mayor alcance para la atención más inmediata de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad social en el que se haya un importante número de menores de edad. Así también resulta urgente el establecimiento de los consultorios familiares con el fin de descongestionar la demanda en las oficinas locales para el tratamiento adecuado de los conflictos familiares. Atención de denuncias fuera de horario laboral: Primero, se requiere un estudio para determinar la demanda verdadera y la oferta económicamente viable de realizar. Mientras tanto, la solución que se había propuesto era que el Departamento de Atención Inmediata contara con un equipo adicional que asumiera estas situaciones, siempre con la colaboración de la policía. Una vez realizado el estudio, se podría definir con mayor claridad la verdadera demanda. Se requiere una decisión basada en una serie de factores internos y externos que ameritan un cuidadoso análisis, y contar con los respectivos protocolos interinstitucionales, para garantizar la efectividad deseada y evitar un despilfarro de recursos. Ante ello, resulta

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idóneo el establecimiento del servicio 24/7 en cada una de las Direcciones Regionales existentes. Nuevas Oficinas Locales: Completar progresivamente las oficinas que faltan, tal y como lo aprobó MIDEPLAN en el documento que también aprobó la estructura institucional. Asimismo, se había aprobado la creación de 20 Consultorios Familiares, ya que el 25% de la demanda en las Oficinas Locales es de conflictos familiares. Se deben abrir estos Consultorios con el fin de reasignar estas poblaciones y permitir mayor capacidad para la atención de denuncias. Mejoramiento de los protocolos existentes: Se deben redefinir los protocolos existentes para la atención de emergencia en casos en que la integridad física y emocional de un niño, niña o adolescente se encuentren en riesgo. Más específicamente, en los protocolos existentes se debe ampliar la cobertura de los casos considerados prioridad 1, con el fin de que los casos en que se denuncie la violación de los derechos fundamentales de la persona menor de edad, con alto riesgo a su integridad física y emocional; que no sucede en el momento, pero que requiere una exploración en el campo sean tratados a la mayor brevedad posible. Acabar con el hacinamiento de los albergues: En cuanto a los albergues, resulta necesario la realización de un estudio que permita evidenciar la condición actual de los mismos, no solo en lo que respecta a la infraestructura actual sino también a las necesidades y condiciones actuales de la población que lo alberga. Siendo así, lo ideal sería la existencia de al menos un albergue que reciba únicamente menores de edad en condición de discapacidad y se le atienda según sus necesidades especiales. Para ello, también se recomienda establecer directrices claras, y capacitación a los funcionarios que atienden esta población, con el fin de esclarecer los procesos adecuados para su debida atención en cumplimiento con la normativa existente. Separar a la población de albergues por edades, y por condición debería ser prioridad en las directrices que se vayan a emitir. Gestión Presupuestaria: Realizar una planificación basada en resultados se vuelve una necesidad, más específicamente, primero debe determinar las líneas de acción de los programas existentes y sus necesidades, para luego establecer el costo económico y recurso humano requerido para su respectiva ejecución. No es permisible el recorte de presupuesto dirigido y en beneficio de la niñez y la adolescencia. No obstante, con el recorte en el prepuesto del Patronato hace imposible para la institución atender las recomendaciones elaboradas por dicha Comisión. Se entiende la necesidad de contener el gasto público, pero resulta inaceptable la magnitud del recorte presupuestario del PANI. Es incomprensible como para el Ejecutivo, la inversión en obras de infraestructura resulta imprescindibles e impostergables, en tanto la inversión para la garantía de

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los derechos y protección integral de los niños, niñas y adolescentes resulta ser lo opuesto es decir innecesarias. Se requiere indagar con el patronato que programas y/o actividades serán suspendidas o disminuidas con el recorte presupuestario, así como las repercusiones que tendrán en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Desde nuestra organización se hace un llamado a la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los habitantes y a la población civil en general para que enarbolen el estandarte por la niñez costarricense. Se despide, muy atentamente

Rodrigo Orlich Soley Tel: 6271-9005 / 2292-1929 Email: familiayprojusticia@gmail.com www.facebook.com/familiayprojusticia

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