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OCDE recomienda al país reforzar la aplicación de la norma contra el soborno transnacional

Organismo también solicitó cerrar las brechas legales en ese tema

· Nacionales

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que si bien el país ha mejorado su legislación en materia de soborno transnacional, debe reforzar su aplicación y cerrar brechas legales.

 

El miércoles pasado, el ente internacional le comunicó al Gobierno que el país recibió la opinión favorable del vigésimo primer comité requerido para avanzar en su proceso de incorporación a la OCDE: el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales.

 

Como oportunidad de mejora, el comité indicó que el dolo directo podría conllevar a que no se castiguen la mayoría de los casos de soborno transnacional cometidos a través de intermediarios. En su informe advirtieron que el autor del cohecho podría quedar eximido de responsabilidad si un servidor público extranjero pidiera el soborno.

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El Grupo de Trabajo formuló también otras recomendaciones para mejorar la lucha contra el soborno transnacional, entre ellas:

·         Usar plenamente todas las fuentes disponibles para detectar el soborno transnacional, incluyendo los medios de comunicación y los informes presentados por los servidores públicos.

·         Denegar explícitamente la deducción fiscal de todos los sobornos, no solo de los que faciliten o agilicen una transacción.

·         Mejorar el régimen de extradición y, cuando proceda, procesar a los autores del delito que no se extraditen.

·         Adoptar una legislación comprensiva que proteja a los denunciantes contra las represalias.

·         Instar a las empresas a que adopten programas de cumplimiento de lucha contra la corrupción.

Como puntos positivos, OCDE destacó que la nueva la legislación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas trata cuestiones como el estándar de responsabilidad, las sanciones y el procedimiento.

“Resulta loable que Costa Rica haya tipificado un nuevo delito de falsificación de registros contables; ahora tiene que garantizar que el delito se aplique a todas las personas jurídicas, incluidas las empresas públicas estatales. Las sanciones disponibles contra las personas naturales y jurídicas se han incrementado (sin considerar las pequeñas y medianas empresas). La prestación de asistencia judicial recíproca a otros países ha sido pronta y efectiva”, detalló OCDE en un comunicado.

La viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, Diana Posada, consideró que estamos ante una gran ventana de oportunidad para mejorar las herramientas jurídicas.

“Seguimos trabajando fuertemente en generar las condiciones y las herramientas para seguir luchando contra la corrupción tanto a lo interno de nuestro país como aquella que pueda venir de otras naciones”, destacó.

Si desea tener acceso al informe, favor dirigirse al siguiente link:  http://www.oecd.org/corruption/Costa%20Rica-Phase-2-Report-ENG.pdf

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