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septiembre 16, 2021

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La respuesta de Estados Unidos ante una Nicaragua represiva

Más de 35 días han pasado desde la captura de la primera precandidata de la oposición en Nicaragua. Tras este primer episodio, la persecución continuó y en total son 6 los precandidatos detenidos que no podrán participar en el proceso electoral agendado para el próximo 7 de noviembre.

La comunidad internacional ha sido enfática en insistir que las acciones judiciales contra los precandidatos opositores son incompatibles con un proceso creíble, transparente y abierto.

Desde diferentes liderazgos, Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha insistido en detener la censura y afectación de los derechos humanos en este país centroamericano.

Una de las primeras medidas dadas a conocer por el Gobierno de Joe Biden ante la captura de precandidatos, fue sancionar a varios miembros del régimen de Ortega, cómplices de los procesos represivos.

Entre las personas sancionadas se encuentra Camilla Ortega Murillo, hija y asesora de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Balladares, exmilitar que dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional, según detalló Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, de los Estados Unidos.

Las sanciones incluyeron el bloqueo de las propiedades e intereses de propiedades estadounidenses que posean o controlen las personas sancionadas. Esas propiedades e intereses deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. También queda bloqueada cualquier entidad de la que los individuos tengan al menos el 50% de la propiedad directa o indirectamente.

En Washington permanece además un proyecto de Ley cuyo objetivo es aplicar sanciones políticas y económicas al régimen Ortega- Murillo por la ola represiva y la captura de precandidatos y líderes de la oposición.

Se trata del proyecto “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” (RENACER, por sus siglas en inglés), y contempla entre otras cosas monitorear, informar y abordar los hechos de corrupción y los abusos contra los derechos humanos.

La iniciativa fue respaldada de forma unánime por demócratas y republicanos en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y para que entre en vigencia debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y luego ser firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El Gobierno estadounidense ha sido enfático en detallar que las medidas y sanciones económicas se deben tomar en bloque y no de forma unilateral, para que tengan más impacto en el país nicaragüense.

El régimen de Daniel Ortega considera que las medidas corresponden a una estrategia de Washington para debilitar al Gobierno de Nicaragua por su política independiente de los intereses estadounidenses.

En intervenciones públicas ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno en ejercicio justifica sus acciones argumentando que se trata de un tema de soberanía nacional y del estado de derecho, y ataca la intervención internacional al considerarla una injerencia sobre asuntos internos del país.

La respuesta de la comunidad internacional continúa. Precisamente hoy 8 de junio,  el Parlamento Europeo votará sobre el proyecto de resolución “Situación en Nicaragua”, el cual incluye sanciones directas que implicarían un golpe certero a las finanzas en Nicaragua, y  propone aumentar la presión al régimen Ortega-Murillo.