Nicaragua: cuando la represión “suena”, leyes restrictivas trae

La represión se acentúa en Nicaragua. Con un clima exacerbado por las elecciones agendadas para el próximo 7 de noviembre, continúa la ola de persecución, violencia y afectación de los derechos humanos liderada por la dictadura Ortega-Murillo. 

Y aunque la represión aumentó en las últimas 2 semanas con la captura de líderes políticos y candidatos presidenciales, las decisiones autoritarias y de censura ya se venían “cocinando” meses atrás.

Así se evidencia en el tercer informe de “Urnas Abiertas”, emitido el 15 de junio anterior. Este documento fue elaborado por un grupo independiente y expone el uso del Sistema Judicial como herramienta para la persecución política y entidades descentralizadas, entre ellasla Policía Nacional y el Ministerio Público como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo.

De acuerdo al informe, son cuatro leyes las que está utilizando el régimen de Ortega para la persecución judicial contra opositores:

1. Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

La reforma a esta Ley se aprobó el 25 de octubre de 2018 y estableció la Creación del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, conformado por la Policía Nacional, quien lo preside y lo representa, el Ejército de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, El Ministerio Público y El Director y el Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero.

2. Ley N° 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.

Fue aprobada el 28 de octubre de 2020, y de acuerdo al gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, criminaliza al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas. A esta Ley también se le cuestiona que deja en manos de las autoridades judiciales la definición de dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) y la información tergiversada.

3. Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Aprobada en diciembre de 2020, es la Ley que más se ha utilizado para justificar la captura de líderes opositores y precandidatos presidenciales en las últimas semanas. La Ley prohíbe ser candidatos a aquellas personas que el Gobierno en ejercicio considere traidores de la patria, “golpistas”, o que aplauden las “sanciones internacionales” impuestas a funcionarios del régimen acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

También a aquellos que alteren el orden constitucional o que “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación”.

 4. Ley N° 1060, Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Penal.

Aprobada en febrero de este año, la reforma amplía de 48 horas hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada para “realizar investigaciones más profundas”.

Estas leyes han propiciado el desvío de poder de la función judicial (su objetivo se vuelca a  utilizar la ley para perseguir opositores),  complicidad entre el Sistema de justicia penal y el Poder Ejecutivo (involucramiento de entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público), una persecución de magnitud relevante (persecución focalizada contra personas inscritas como aspirantes a la presidencia, y liderazgos opositores) y fines extrajudiciales (inhibición de personas y organizaciones).

Violencia política

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se registran al menos 721 hechos de violencia política en el contexto electoral.

Los hechos se aceleraron entre el 2 y el 8 de junio, periodo en el que el régimen de Ortega capturó a 4 personas precandidatas presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, junto a otras personas de su entorno laboral y/o político.

Se ordenó la captura además de 11 presos políticos de la oposición, entre ellos José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, José Pallais Arana, Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez, Walter Gómez Silva, Marcos Flores Fletes y Victor Hugo Tinoco.

Recientemente el régimen de Ortega orquestó la investigación de los 13 directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), de los periodos 2015-2017 y 2017-2019.

De los investigados de Funides, únicamente fue arrestado el presidente ejecutivo y CEO de Grupo Promerica (Banpro), Luis Alberto Rivas Anduray.

Rivas fue citado el pasado martes 15 de junio para responder algunas preguntas y luego se retiró, de acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la Policía Nacional, sin embargo, hora más tardes fue detenido.

Rivas se convierte en el primer banquero arrestado y es la segunda figura del mundo empresarial en ser detenida. El primer líder del gremio empresarial capturado fue José Adán Aguerri, arrestado el 8 de junio anterior.

Para la investigación de los directivos, el Gobierno en ejercicio se justifica en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga tanto a organizaciones y a personas naturales que reciben fondos del extranjero, a registrarse como “agentes” ante el Ministerio de Gobernación (Migob), trasgrediendo sus derechos políticos de participación, entre otras libertades públicas.

Esta Ley fue aprobada en octubre de 2020.

Informes de organismos internacionales han denunciado desde el 2018 que Nicaragua se encuentra en una amplia violación de derechos humanos y civiles  sustentados en el amparo de leyes creadas recientemente, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Internacional de Derechos Humanos y otros países de la región.

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