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septiembre 16, 2021

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Alzo la voz para que en el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las personas Adultas Mayores haya capacitación y sensibilización en entidades públicas

¿Han capacitado las instituciones públicas a sus funcionarios en el trato y en la resolución de los asuntos en los que figure como perjudicada una persona que puede ser adulta mayor con alguna discapacidad?

Este 15 de junio se celebra el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las personas Adultas Mayores y posiblemente, muchas municipalidades y entidades afines realizarán las actividades de sensibilización que la pandemia les permita.  He sido testigo de muchos momentos de alegría y reconocimiento que entidades como CONAPAM, AGECO y alguna que otra municipalidad ha realizado para darle a esta población su espacio de respeto, alegría y entretenimiento, lo cual es muy apreciado.

No obstante, también he sido testigo de los abusos y negligencias que algunos funcionarios de entidades públicas han cometido.  He sido testigo también de, cómo una persona con discapacidad, que está viva, fue declarada fallecida por la negligencia de una trabajadora social del Poder Judicial que nunca se apersonó a la residencia del susodicho, a pesar de que su dirección y el teléfono de ubicación se encontraban muy claros en el expediente que investigaba.  Lo peor del caso, es que, siendo una perito, nunca tuvo la delicadeza de revisar ni siquiera el Registro Civil.  Lamentablemente, esta situación provocó que se archivara un expediente que, a palabras de ella, a pesar de que fue su error, no se podía desarchivar y había de nuevo que comenzar de cero pagándole a un abogado un escrito para que les dijera a ellos mismos en el Poder Judicial, que la persona estaba viva.  Ni se inmutó, ni se preocupó y menos se disculpó, cuando le advertí de su garrafal error, pero esto le violentó a mi hermano su derecho a tener una garante para la igualdad jurídica, le generó el archivo de un expediente judicial y lo dejó al garete con otros procesos.

Y siguiendo la línea de errores garrafales y negligencias, todas vividas por la misma persona, he sido testigo también de cómo una fiscal solicitó un sobreseimiento definitivo de una denuncia por privación de libertad agravada, abuso, maltrato psicológico y físico, suplantación de identidad y apropiación indebida de documento de identidad, entre otros, a pesar de tener pruebas clave aportadas por el OIJ.  Lo peor del caso es que, la usurpación la hizo una persona inescrupulosa ante un Juzgado de Familia para obtener la copia completa de un expediente judicial que no le competía en absoluto, que le sirvió para tener acceso a información ultra confidencial de la persona con discapacidad y para gestionar una serie trámites fraudulentos frente a varias entidades públicas, en procura de un beneficio propio, mismo que increíblemente logró y continúa logrando porque de alguna forma se ha salido con la suya.   

Me di cuenta de que la mayoría de la población, e incluso algunos profesionales en derecho desconocen que hay un recurso dentro del mismo Poder Judicial que se llama “enmienda jerárquica” (donde el afectado solicita al superior a enmendar el error de su subalterno), mismo al que se tuvo que acudir en esta ocasión para evitar el sobreseimiento de la privación de libertad agravada y maltrato del que se tenía pruebas clarísimas.  Pero, para colmo de males y para que la cultura de la mediocridad y la vagancia no nos deje de sorprender, se designó a la misma fiscal que solicitó el sobreseimiento a hacer la enmienda y esta, que definitivamente nunca se tomó la delicadeza de conocer el caso y leer el expediente, resulta que por esta gestión sí planteó la denuncia de la inescrupulosa ante el Ministerio Público, pero por la causa equivocada, simplemente porque no leyó el expediente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) 2018, realizada por el INEC y Conapdis, en Costa Rica hay 216,884 personas de 65 años en situación de discapacidad.   Esto representa el 35,1% del total de personas con discapacidad y muchos de estos adultos mayores requieren de la presencia de un garante o salvaguarda para su igualdad jurídica, misma que es atropellada frecuentemente por funcionarios de algunas instituciones públicas que deberían ser los primeros llamados a cumplir todas las leyes: Ley 7935, Ley integral para la persona adulta mayor, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, ley 7600, la  Convención de los Derechos de las personas con discapacidad,  la Ley 9379, LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD y el Reglamento a la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad.

En mi caso, como garante de una persona con discapacidad cognitiva y física, he sido testigo de la falta de sensibilidad y el abuso que se comete contra ellas.   La historia es muy larga y frustrante.  Nunca imaginé que ser garante para procurar el bienestar y abogar por los derechos de mi hermano, me trajera tanto dolor, estrés y decepción. 

Las anécdotas negativas con mi hermano son muchísimas más, especialmente en lo jurídico.  Solo mencionaré aquí una más de las que resultan el colmo, porque violentaron su derecho básico de alimentarse.  En un banco estatal se le negó el acceso a su propio dinero, porque a pesar de que, mi hermano estaba con su cédula y yo con la constancia de garante emitida por el Poder Judicial, los funcionarios del banco indicaron que no podían actualizarle la tarjeta de débito (recién vencida) porque la constancia de garante que les presenté no debía tener más de tres meses, risible-tenía solo cuatro, pero ahí estaba mi hermano con su cédula-no la necesitaba.  Después de los alegatos sin base legal, acudimos a otra sucursal del mismo banco y ahí sí respetaron su autonomía y le extendieron su dinero y la nueva tarjeta, señal inequívoca de que unos conocen las leyes y otros no, pero los segundos alardean de un poder y conocimiento que no poseen.

Más que una celebración, el respeto, la tolerancia, el reconocimiento y el manejo de las leyes debe ir más allá y calar en los funcionarios públicos de todos los niveles y todas las instancias, sobre todo en los judiciales.  Quiero levantar la bandera de los adultos mayores, especialmente de aquellos con alguna discapacidad, que requieren del apoyo de terceros para su igualdad jurídica. Quiero levantar la voz por aquellos que posiblemente están olvidados por su propia familia. Quiero levantar la voz por otros que son abusados y violentados patrimonialmente por quienes más bien deberían cuidarlos.  Quiero levantar la voz por aquellas personas con discapacidad cognitiva y física a quienes la mayoría de las entidades públicas irrespetan su condición de persona autónoma con deberes y derechos.

Por el contrario, quiero agradecer a los investigadores del OIJ de Heredia, porque sin su pericia, no me hubiera sido posible localizar a mi hermano, al que una “tramposa mentirosa y manipuladora empleada doméstica” lo mantuvo privado de libertad bajo coacción y amenaza, a pesar de su condición de discapacidad física y cognitiva; lo dejó sin sus medicamentos-pese a sus graves padecimientos, sin alimento alguno pese a las indicaciones médicas, sin poder realizar sus frecuentes necesidades corporales,  sometido a bajas temperaturas – sin abrigo y a un estrés sin precedentes que lo hizo desvanecerse cuando lo rescatamos   Un reconocimiento porque también sé que lo que ellos hacen responsablemente, fácilmente lo borran otros con sobreseimientos definitivos, como lo he visto con otros casos también.