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septiembre 25, 2021

COMUNICADO A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE SOBRE LALEY DE EMPLEO PÚBLICO

¿Qué es la Ley de Empleo Público?
Es una radical contrarreforma del Estado Social de Derecho que no solo afecta a
los empleados públicos, además, provoca empobrecimiento generalizado y
merma la capacidad adquisitiva de los salarios, dificultando la reactivación
económica. El verdadero propósito subyace en ocultar la principal causa del
déficit fiscal que es la evasión y la elusión en materia tributaria.
¿En qué contexto se asume esta discusión en el país?
Costa Rica presenta una desigualdad social que es ética y políticamente
inaceptable, producto del modelo de acumulación asumido por sucesivos
gobiernos desde hace más de cuarenta años, que nos coloca entre los diez
países con mayor brecha entre ricos y pobres del mundo (coeficiente de Gini).
Estamos ante una crisis que conduce a la mayor concentración de las riquezas y
el empobrecimiento generalizado de las capas medias, micro y pequeñas
empresas y personas asalariadas, que coloca en la desesperanza a miles de
familias.
Ante este panorama, crece peligrosamente el descontento social y la
indignación generada por tanta pobreza, desempleo, subempleo, exclusión
social e impunidad de los grandes evasores y elusores fiscales. Toda la crisis fiscal
y su agravamiento por la pandemia del Covid-19 se carga contra los derechos
sociales y laborales de la clase trabajadora, las capas medias, la pequeña
producción urbana y rural. Los sectores hegemónicos y el sistema político
rechazan todo diálogo social e incrementan el autoritarismo, desconociendo así
la búsqueda de consensos, lo cual caracterizó a la sociedad costarricense
durante buena parte de su historia.

¿Por qué rechazamos el Proyecto de Ley de Empleo Público?
1- No resuelve las verdaderas causas del déficit fiscal.
2- Vulnera las condiciones salariales y obstaculiza la reactivación económica.
3- Convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de control y de
despido.
4- Violenta el derecho a la negociación colectiva.
5- Modifica la gobernanza interna del Estado costarricense hacia un modelo
autoritario.
6- Atenta contra la autonomía universitaria.
A continuación, se detallan cada uno de los aspectos citados:

  1. No resuelve las verdaderas causas del déficit fiscal.
    Las principales causas del déficit fiscal radican en la galopante evasión y
    elusión fiscal, así como el uso de paraísos fiscales para esconder fortunas. La
    Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo no han legislado para corregirlo, por
    el contrario, cargan todo el sacrificio en las clases asalariadas y en la pequeña
    producción urbana y rural. Es decir, no hay justicia tributaria.
  2. Vulnera las condiciones salariales y obstaculiza la reactivación económica.
    Los salarios de los empleados públicos ayudan a sostener a familiares
    desempleados y con jornadas reducidas. Es importante considerar que han
    congelado los reajustes salariales por costo de vida, se ha suspendido el pago
    de anualidades de manera indefinida, todo lo anterior representa un
    estancamiento salarial permanente. El empobrecimiento generalizado de las
    clases asalariadas y las capas medias no contribuye a la reactivación de la
    economía. Al deteriorar los salarios de la clase trabajadora, se afecta, por
    rebote, a los pequeños y medianos empresarios y a los productores agrícolas
    que abastecen el mercado interno. La pobreza y la desigualdad constituyen
    obstáculos para el desarrollo económico y social.
  3. Convierte la evaluación del desempeño en un mecanismo de control y de
    despido.
    La evaluación del desempeño se constituye en un mecanismo de “chantaje y
    manipulación” hacia la persona trabajadora y atenta contra la estabilidad
    laboral. Creemos en la cultura de la calidad y la rendición de cuentas en un
    marco de genuino respeto a los derechos de las personas trabajadoras. Estas
    potenciales malas prácticas laborales, también, determinan cómo deben ser
    los procesos de selección y reclutamiento de personal, establece en forma

unilateral la creación de reglamentos autónomos de servicio para regular la
totalidad de las relaciones laborales y las concibe desde una perspectiva
verticalista y autoritaria.

  1. Violenta el derecho a la negociación colectiva
    Un grupo de diputados pretende eliminar del todo la negociación colectiva.
    Otros, más disimulados, plantean fórmulas decorativas que impiden, que
    mediante negociación colectiva se pueda acordar sobre condiciones
    laborales y salariales esenciales. Así, desaparecen las organizaciones gremiales
    de la clase trabajadora como contrapartes que procuran el equilibrio en las
    relaciones laborales que son fundamentales para la vida democrática.
  2. Modifica la gobernanza interna del Estado costarricense hacia un modelo
    autoritario.
    La rectoría de MIDEPLAN (supra ministerio) es un retroceso histórico de 40 años
    en la construcción del Estado costarricense. En la práctica desaparece el
    Servicio Civil que se creó para despolitizar los nombramientos en el sector
    público y evitar despidos masivos cada cuatro años. También, desaparece la
    Comisión de Salarios, venida a menos a punta de decretos.
  3. Atenta contra la Autonomía Universitaria y el derecho a la educación
    Obliga a la sujeción de las universidades al Servicio Civil o al MIDEPLAN, lo que
    conlleva la imposición de la lógica jerárquica propia de la administración
    pública. Las universidades públicas requieren la vigencia plena del principio
    constitucional de Autonomía Universitaria, el cual no se puede reducir al
    derecho administrativo, porque limitaría la libertad de autoorganización
    imprescindible para garantizar el otro principio fundamental que es la Libertad
    de Cátedra.
    Otros efectos previsibles para el país, concretamente, contra las universidades
    públicas son los siguientes:
     Deterioro de las oportunidades de estudios para las familias más humildes.
     Crecimiento del interinazgo.
     Desestímulo de las personas académicas ante la falta de oportunidades de
    mejora salarial y estabilidad laboral.
     Reducción de los programas de becas, extensión, acción social, trabajo
    comunal universitario, investigación, publicaciones, entre otros.
     Contracción sustantiva del quehacer de las universidades reduciéndolas a
    entidades emisoras de títulos.

Resulta fundamental reflexionar sobre la problemática que nos aqueja y buscar
canales de diálogo y desarrollo saludables, que integren criterios de diversos
actores sociales y posibiliten la concreción de una Ley que responda a las
necesidades y requerimientos del país; asimismo, que beneficie a la población.
Considerando, la educación como un Derecho Humano y una de las principales
oportunidades de movilidad social, para las personas y sus familias; al tiempo, que
incide en la economía y el desarrollo de los diversos sectores del país.
Emmanuel González Alvarado
Rector