Oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Como muchas de las otras industrias, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), se manifestó en contra del tan polémico “Acuerdo Escazu”.

Manifestaron la preocupación del sector de la construcción ante la posibilidad de que el Proyecto de Ley N° 21.245, denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú), sea ratificado por los diputados.

La CCC es una organización gremial comprometida con el desarrollo sostenible y consideran que, no obstante el fin loable que persigue el acuerdo, su redacción vulnera la seguridad jurídica, generando incertidumbre y afectando la confianza de los inversionistas, en momentos en que el país requiere reactivación económica y la urgente generación de empleo.

La Cámara Costarricense de Construcción asevera que Costa Rica ya cuenta con un acervo legislativo y constitucional suficiente para garantizar la participación de todos los actores en la toma de decisión, principalmente en el tema ambiental. Por lo que la ratificación del instrumento indicado resulta innecesaria. Asimismo, la legislación costarricense permite que toda persona acuda a la vía del amparo o a lo contencioso administrativo, para buscar protección y reparación del medio ambiente.

“La ratificación del “Acuerdo de Escazú” permitiría a diferentes actores, sin bases técnicas o científicas, ya sea por oportunismo, intereses económicos o ideológicos, obstaculizar a través de instancias internacionales, el desarrollo del país y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, afectando la soberanía nacional” indicó Esteban Acon, presidente de la Cámara Costarricense de Construcción.

Aunado a lo anterior, la implementación del Acuerdo podría incrementar costos, trámites y requisitos para que las empresas operen los recursos naturales que pueden ser explotados de forma sostenible.

La CCC advierte que podría incurrirse en violación al principio de igualdad, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, dado que se otorga mayor preponderancia al acceso a la justicia para tutelar los derechos ambientales sobre los demás derechos.

El “Acuerdo de Escazú” contraviene la reactivación económica que este país tanto necesita, sin traer ningún beneficio para el ambiente.

En virtud de lo anterior, y siendo que el Estado está obligado a proveer un marco normativo robusto, seguro, eficiente y eficaz, esta Cámara se opone a la ratificación al Acuerdo de Escazú, por resultar innecesario y poner en peligro la seguridad jurídica.

El país aún tiene oportunidad de entrar al Acuerdo que necesitaba que 11 de las 24 naciones firmantes lo ratificaran para entrar en vigor.

Sin embargo, pese a que constituye una herramienta legal para salvaguardar a las personas que defienden el ambiente, el convenio es visto con mala cara por el sector productivo y la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) en el Congreso, lugar donde finalmente se decidirá el futuro del tratado.

“La Fracción del Partido Unidad Socialcristiana, acordó por unanimidad de los presentes que votará en contra del expediente 21.245, que ratificaría el Acuerdo de Escazú. Los socialcristianos consideran que este acuerdo tiene roces constitucionales y varias contradicciones con la legislación nacional, mismas que han sido señaladas por otros sectores”, dice un comunicado emitido por los diputados de la agrupación política.