Empresarios de CACIA califican como inmoral e improcedente que diputados cercenen cualquier pequeño avance en Reforma del Estado y pidan más impuestos

Como inmoral e improcedente, catalogan los industriales de alimentos la reciente aprobación de una moción que excluye a las universidades de los lineamientos que la Ley de Empleo Público propone, para poner orden en las brechas salariales existentes en el Estado. Brechas que han sido provocadas, a criterio de CACIA, principalmente por el desorden, el abuso y las ilimitadas potestades de ciertos grupos privilegiados, a la hora de autoimponerse su propio esquema salarial, al mismo tiempo que se mantiene viva una agenda cargada de más impuestos para las empresas y la población. 

“Desde finales de 2020 enviamos una nota amplia a los Diputados, recordando que el actual sistema de salarios representa cerca de la tercera parte del presupuesto del gobierno central, mientras que las transferencias corrientes, entre las que se encuentra el presupuesto universitario, más conocido como FEES, representa poco más de otra tercera parte.

Por tal motivo, era necesaria la urgente aprobación de la Ley de Empleo Público, que viniera a poner orden en las enormes brechas salariales del sistema público, caracterizada por excesos, desorden, abusos e insostenibilidad financiera. El sector privado y la población sufre una crisis real, mientras que, en el sector político, pareciera que la crisis es una simple pose política,” declaró Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).

“Con el inicio de un proceso de exclusiones de instituciones del Estado de la Ley de Empleo Público, siendo las universidades las entidades que más agravan la situación que se deseaba arreglar, nos encontramos frente al inminente desmantelamiento del espíritu original de la Ley, motivo por el cual, no debemos olvidar ahora de lo poco que el país iba a avanzar en materia de reforma del Estado. No es posible que primero permitieran la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal y ahora lo hagan con las Universidades en materia de empleo público”, indicó Musmanni.

A partir de esta triste realidad, CACIA exige a los diputados, desmantelar también la posibilidad de que los proyectos de ley asociados a más impuestos, tengan cualquier intención de avance.

“Debemos denunciar que, al mismo tiempo que se debilita un intento pequeño por poner orden en el gasto público, hay una importante lista de iniciativas de ley, que buscan incrementar las tasas cobradas a salarios de los trabajadores, sistemas de pensiones complementarias, propiedades inmuebles, asociaciones solidaristas, remesas al exterior, rentas y ganancias de capital, cooperativas, entre muchas otras tasas, que propinarán un golpe muy fuerte a las posibilidades de reactivación económica, al bolsillo de los consumidores y por tanto a las posibilidades de recuperar todo el empleo destruido recientemente, al mismo tiempo que se consolidan los vicios que provocan el derroche de fondos públicos de manera estructural y sostenida”, acotó Musmanni

Por tal motivo, CACIA considera inmoral e improcedente, que se cercene la más mínima mejora en materia de reforma del Estado, como la que se proponía originalmente en el texto de Empleo Público, y que el sector político tenga el descaro de pedirle esfuerzos adicionales a la población en materia de impuestos.

Propuestas de CACIA a Diputados en materia de empleo público y transferencias a universidades, noviembre 2020
•En el caso de las transferencias a universidades, debe además existir el mecanismo para que dichos presupuestos se ajusten a indicadores financieros, evaluaciones previas de retorno social, evaluación de desempeño y rendición de cuentas, que aseguren transparencia y adecuado uso de los fondos públicos. 
•Eliminar cualquier rubro de dedicación exclusiva, con las excepciones tipificadas y debidamente definidas. 
•Eliminar el modelo de generación de compensación vía convenciones colectivas. 
•Suprimir el salario escolar, en el entendido que este es un salario adicional cargado a los contribuyentes. 
•Eliminar el modelo de asignaciones e incentivos que varían entre trabajadores de una misma ocupación. 
•Eliminar los ajustes automáticos de ciertos gremios que se encuentran en función de los ajustes a otros sectores laborales. 
•Eliminar la potestad de autodeterminación salarial y demás mecanismos de compensación por parte de la propia administración beneficiada, como el caso del Poder Judicial. 
•Eliminar los pagos por antigüedad y cargos que se consideren pluses.